La decisión fue tomada hace varios meses. A través de una directiva, emanada por el Ministerio de Defensa Nacional, se dio vía libre para que las Fuerzas Militares mediante la utilización de su poderío combatan a las disidencias de las Farc en todo el país.
Como se sabe, luego de establecerse el acuerdo de paz de La Habana, el grupo subversivo de las Farc pasó a la desmovilización y a la concentración en sitios previamente seleccionados y readecuados para su permanencia, denominados ‘Espacios territoriales de capacitación y reincorporación’, mientras se realiza su reinserción a la vida civil.
El Gobierno de común trabajo con las Farc dispuso un proceso de desarme, en donde se lograron ubicar varios puntos que eran utilizados como caletas y que con la intervención de la ONU quedaron bajo su disposición. Tras varios meses de concentración, se ha conocido que muchos de los guerrilleros allí reunidos salieron de las zonas y han vuelto a conformar grupos disidentes, armados y realizando acciones contra la comunidad y el Estado.
La situación ha llegado a tal punto que las mismas Farc informaron al Gobierno en su momento que 481 de sus integrantes decidieron continuar por fuera de la ley, aun cuando esa cifra, según las Fuerzas Militares, podría llegar en la actualidad a más de 700 miembros armados, localizados en varios departamentos del país, reactivando las acciones crminales y de narcotráfico.
Frente a ello, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa procedió a firmar y expedir la resolución que dio vía libre a los ataques y bombardeos contra estos grupos criminales. De hecho, el objetivo de la fuerza pública apunta hacia los cabecillas, quienes tras su decisión de apartarse del acuerdo de paz, han retomado su senda de criminalidad en el suroriente del país.
Lo que encierra esta directiva ministerial, además de la orden de combatir a las disidencias reorganizadas, es que en la práctica otorga un blindaje a los miembros de la Fuerza Pública de posibles procesos penales. Incluso, esa directiva que fue la 037, homologa a los grupos armados organizados, como son las bandas de ‘Los Pelusos, ‘Los Puntilleros’ y el ‘Clan Úsuga’, con estos grupos disidentes de las Farc.
Desde ese momento quedó latente la operatividad y toda la disposición militar para hacerle frente e impedir la expansión de estos nuevos grupos disidentes y aquellas bandas criminales que a través de sus acciones han venido poniendo en jaque la seguridad y el funcionamiento del Estado, especialmente en zonas de Guaviare, Putumayo e incluso en Catatumbo y Antioquia, donde cada día se conocen de hechos sangrientos y tráfico de drogas.
La orden fue impartida y lo que se necesita es que se informe sobre las acciones desplegadas desde entonces por nuestras Fuerzas Militares contra esas organizaciones que se lucran y aterrorizan a la comunidad nacional. Lo otro es que con el accionar militar de la Fuerza Pública se brinden garantías para mantener el orden y la seguridad en esas regiones del país.
