La tensa relación política entre la Gobernación del Magdalena, liderada por el movimiento Fuerza Ciudadana, y la Alcaldía Distrital de Santa Marta, ha escalado a la denuncia de una presunta persecución política en pleno periodo de campaña. El incidente más reciente y evidente se produjo cuando funcionarios del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA) y de la Secretaría de Movilidad Distrital irrumpieron y paralizaron una actividad de promoción de la bancada de Fuerza Ciudadana, acción que el movimiento califica como un uso del aparato administrativo para obstaculizar su ejercicio democrático.
El hecho, se percibe como una represalia directa en medio del conflicto por el bloqueo de 46 frentes de obras menores que la Gobernación acusa a la Alcaldía de tener detenidas. La intervención del DADSA y Movilidad en un evento del movimiento político refuerza la tesis de que la disputa administrativa se ha convertido en una guerra de desgaste con tinte electoral.
Para el movimiento, la priorización de la persecución política por encima de la facilitación de las obras es una prueba irrefutable de que la agenda distrital está dominada por una vendetta personal y partidista.
La ciudadanía de Santa Marta es la principal afectada por esta polarización extrema. Mientras el desarrollo de proyectos de infraestructura social se mantiene estancado por la disputa de permisos, la libre expresión y la actividad política de un movimiento son coartadas con la intervención de las entidades de control. Este clima de confrontación institucional pone en riesgo la neutralidad que deben garantizar las autoridades en periodo de campaña y genera un ambiente de hostilidad que socava la democracia local.
