Una fuerte confrontación institucional se desató en Costa Rica luego de que Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), enviara una carta al presidente Rodrigo Chaves acusándolo de poner en riesgo la paz y la estabilidad política del país con sus ataques al organismo electoral.
En la misiva, la magistrada calificó como “inédita e incómoda” la necesidad de dirigirse públicamente al mandatario, señalando que es la primera vez en 76 años que un jerarca del TSE debe pronunciarse de esta manera ante un jefe de Estado. “Difamar al Tribunal es amenazar el único mecanismo pacífico que tenemos para resolver la competencia por el poder político”, advirtió Zamora.
La presidenta del TSE sostuvo que las ofensas personales del mandatario no le afectan en lo individual, pero sí representan un intento por socavar la credibilidad del sistema electoral costarricense. “Usted está atacando la credibilidad de la institución, del proceso electoral que se avecina y del resultado que certificaremos. Está amenazando la paz del país y eso no podemos permitirlo”, afirmó en el documento.
Zamora también recordó que fue el propio TSE el que garantizó los votos que llevaron a Chaves a la presidencia en 2022, subrayando que el Tribunal “ha actuado siempre con independencia y respeto a la ley”. Añadió que no podía quedarse de brazos cruzados cuando el Gobierno amenazó con un apagón de radio y televisión o cuando se intentaron trasgredir normas de imparcialidad política.
Respecto a las acusaciones de sesgo partidario, la magistrada respondió que su paso por la administración de Óscar Arias (1986-1990) ha sido público por décadas y no compromete su imparcialidad. “En democracia, la participación política no es una vergüenza, sino un derecho ciudadano”, recalcó.
Las declaraciones surgen tras los recientes comentarios del presidente Chaves, quien utilizó el término “amujérese” para referirse a Zamora y cuestionó su rol en la solicitud de levantamiento de su inmunidad por presunta beligerancia política.
Finalmente, Zamora aseguró que, respaldada por más de 1.400 funcionarios electorales, dirigirá las elecciones nacionales de 2026 garantizando un proceso libre, transparente y apegado a la voluntad popular. “Nuestra democracia no será vulnerada por ataques personales ni por discursos que promuevan la desconfianza institucional”, concluyó.
