Anuncian solicitud a la Procuraduría para que investigue su papel como interventor de la Nueva EPS.
El nombramiento de Bernardo Camacho como nuevo superintendente nacional de Salud no comenzó con buen pie. Diversos sectores políticos y sociales cuestionan su designación por un presunto conflicto de intereses relacionado con su gestión al frente de la intervención de la Nueva EPS, la entidad más grande del país.
Camacho estuvo a cargo de la EPS entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, tiempo en el cual la Contraloría General de la República emitió una alerta sobre irregularidades financieras y administrativas, entre ellas el incremento de anticipos, facturas represadas sin auditar, aumento de cuentas por pagar y deficiencias en las reservas técnicas.
El congresista Andrés Forero (Centro Democrático) fue uno de los primeros en reaccionar:
“No se entiende cómo un pésimo interventor podría ser buen Superintendente. Pediré a la Procuraduría investigar esta sinvergüencería”, expresó, agregando que Camacho omitió en su hoja de vida la relación directa con la Nueva EPS.
En la misma línea, el movimiento Pacientes Colombia criticó duramente su designación:
“Destruyó la Nueva EPS, dejó de atender cientos de miles de pacientes, está impedido para vigilar EPS intervenidas y el ministro Jaramillo lo premia”, señalaron.
Pese a los señalamientos, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la decisión y afirmó que fue una determinación del presidente Gustavo Petro:
“El que manda, manda”, respondió.
Con su llegada, Camacho se convierte en el cuarto Supersalud del actual gobierno, tras los pasos de Ulahy Beltrán, Luis Carlos Leal y Giovanny Rubiano García, y enfrenta de entrada un ambiente de desconfianza y escrutinio público.
