La Gobernación del Magdalena ha intensificado el conflicto con la Alcaldía de Santa Marta al citar a una rueda de prensa para responsabilizar directamente al gobierno distrital por el bloqueo y el retraso de 46 frentes de obras menores que, según el departamento, están paralizados desde hace varios meses. La gobernadora encargada, Ingris Padilla, afirmó que la retención de permisos obedece a «intereses políticos», en un momento de alta sensibilidad electoral en el departamento, poniendo en riesgo la culminación de proyectos de saneamiento, pavimentación y mejoramiento urbano esenciales para la comunidad.
La representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre, se sumó activamente a la controversia, llevando el debate al ámbito nacional. A través de su cuenta en X, la congresista arremetió no solo contra la Alcaldía, sino también contra el Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos, publicando una solicitud radical ante el Ministerio de Defensa para pedir su relevo inmediato. Aguirre considera que el accionar del Comandante hace parte de una estrategia para entorpecer la ejecución de los proyectos del gobierno departamental.
La congresista Aguirre no precisó la supuesta responsabilidad directa del oficial en la suspensión de las obras, pero fue contundente al asegurar que el coronel Ríos «ha interferido en las labores y programas de la Gobernación del Magdalena», impidiendo de forma deliberada la ejecución de las obras. Este pronunciamiento refuerza la narrativa de la Gobernación sobre un presunto boicot con motivación política, sugiriendo que las acciones distritales y policiales buscan minar la imagen de la administración departamental de cara a las próximas elecciones atípicas.
Mientras la Gobernación denuncia un uso político de la burocracia para frenar el progreso, la Alcaldía, que se espera se pronuncie pronto, ha señalado previamente que su accionar se debe a la falta de permisos y requisitos actualizados por parte de la Gobernación y sus contratistas. La disputa va más allá de un simple trámite administrativo y se convierte en un pulso de poder que tiene en vilo la inversión social y la infraestructura básica de la ciudad.
