La Corte Constitucional anunció la realización de una audiencia pública el próximo 11 de noviembre con el objetivo de garantizar una respuesta estatal integral ante la grave crisis humanitaria que persiste en la región del Catatumbo, donde miles de personas continúan afectadas por el conflicto armado y la débil capacidad institucional.
El encuentro, convocado por las Salas Especiales de Seguimiento a las sentencias T-025 de 2004 y SU-020 de 2022, se llevará a cabo en el Palacio de Justicia, en Bogotá, y reunirá a representantes de víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz, comunidades indígenas, organizaciones civiles y autoridades nacionales y territoriales.
Según cifras oficiales, más de 73.000 personas han sido desplazadas en la región, entre ellas 218 firmantes del Acuerdo Final de Paz, mientras que 2.400 habitantes permanecen confinados, y se reportan 6 desaparecidos y 7 asesinados pertenecientes a ese mismo colectivo. La violencia entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC-EP, sumada a la escasa presencia institucional, llevó al Gobierno a declarar el estado de conmoción interior.
En un diagnóstico reciente, la Corte advirtió deficiencias graves en la atención estatal: falta de reacción frente a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, una respuesta desarticulada en la atención a víctimas y carencias en los procesos de estabilización y reincorporación. La Unidad para las Víctimas fue señalada por su limitado liderazgo en la coordinación de ayudas y acciones humanitarias.
El informe también destacó que el fuerte control de los grupos armados ilegales ha prolongado el confinamiento de comunidades y obstaculizado el retorno de las familias desplazadas. Además, alertó sobre la falta de condiciones de seguridad, vivienda y servicios básicos en los predios destinados para la reubicación de excombatientes.
Aunque el Gobierno nacional ha presentado el Pacto Catatumbo como una herramienta para mitigar la emergencia, la Corte expresó preocupación por la falta de avances en su implementación, lo que genera incertidumbre sobre su eficacia.
Las Salas Especiales enfatizaron que esta situación refleja una crisis estructural en la política pública de atención a emergencias humanitarias, caracterizada por la ausencia de prevención, la reacción tardía y la falta de estrategias sostenibles. Advirtieron, además, que mientras el Estado limite su accionar a contener las crisis sin resolver sus causas de fondo, los estados de cosas inconstitucionales reconocidos en las sentencias T-025 de 2004 y SU-020 de 2022 seguirán repitiéndose en distintas regiones del país.
