El Ministerio de Educación Nacional emitió una medida conminatoria dirigida al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad del Atlántico, en la que ordena suspender los puntos 3 y 4 del orden del día, relacionados con las recusaciones y la designación del nuevo rector para el período 2025-2029, previstos en la sesión extraordinaria citada para este 27 de octubre de 2025.
La decisión fue adoptada por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, tras conocerse una serie de presuntas irregularidades en el proceso rectoral que aún no han sido aclaradas. Entre ellas se destacan la falta de respuesta de la Procuraduría General de la Nación frente a recusaciones presentadas contra algunos miembros del CSU y el Procurador Regional del Atlántico, así como la ausencia de respuesta por parte del Consejo Superior a un requerimiento ministerial sobre el cumplimiento de requisitos de uno de los candidatos, Leyton Daniel Barrios Torres.
Según el documento firmado por Harold Antonio Hernández Molina, subdirector (e) de Inspección y Vigilancia, el Ministerio también tuvo conocimiento de acciones de tutela interpuestas por tres candidatos: Álvaro González Aguilar, Wilson Quimbayo Ospina y Danilo Hernández Rodríguez. En dichas acciones se solicita suspender la sesión de elección hasta que se garantice la legalidad, transparencia e igualdad en el proceso.
El Ministerio advirtió que la convocatoria realizada por el presidente del CSU, Eduardo Verano de la Rosa, desconoce las normas legales que obligan a suspender cualquier actuación mientras existan recusaciones sin resolver o requerimientos pendientes. Asimismo, recordó que continuar con el proceso sin atender dichas disposiciones podría comprometer la validez y legitimidad de la designación rectoral.
La medida ministerial enfatiza que ninguna discusión ni votación podrá adelantarse sobre los puntos 3 y 4 —referentes a las recusaciones y a la elección del rector— hasta tanto no se resuelvan las recusaciones en trámite ante la Procuraduría, se responda el requerimiento con radicado 2025-EE-313896 y exista decisión sobre la acción constitucional No. 3264159.
Finalmente, el Ministerio de Educación advirtió que el incumplimiento de esta medida puede acarrear multas sucesivas y sanciones administrativas para los directivos, consejeros o funcionarios que desacaten las órdenes impartidas, conforme a lo dispuesto en la Ley 1740 de 2014.
