Liga Nacional advierte que más de cinco millones de usuarios en la costa caribe podrían perder subsidios de energía eléctrica

La Liga Nacional de Usuarios de la Costa Caribe alertó que más de cinco millones de familias en la región podrían perder los subsidios del servicio de energía eléctrica, tras la presentación de un nuevo proyecto de ley sobre regulación y tarifas eléctricas por parte del Ministerio de Minas y Energía ante el Congreso de la República.

De acuerdo con la organización, la iniciativa presentada por el ministro Edwin Palma Egea incluiría modificaciones “draconianas” que afectarían directamente a millones de usuarios de todos los estratos, especialmente a los más vulnerables. El proyecto propone focalizar los subsidios solo en los hogares que realmente lo necesiten, lo cual, según la Liga Nacional, dejaría sin apoyo a muchos usuarios de los estratos 1, 2 y 3 que actualmente dependen de ese beneficio.

El documento de exposición de motivos del proyecto reconoce que, en la Costa Caribe, cerca de 2,5 millones de familias reciben subsidios por estar clasificadas en los estratos más bajos. Sin embargo, el Gobierno considera que solo el 42 % de estos hogares son realmente merecedores del apoyo, lo que significaría que más de 1,4 millones de familias —equivalentes al 58 % de los beneficiarios actuales— perderían este auxilio económico.

La Liga Nacional de Usuarios calificó la propuesta como “el mayor atentado contra los usuarios en el siglo XXI”, advirtiendo que su aplicación incrementaría las brechas sociales y económicas en una región históricamente afectada por los altos costos de la energía.

El organismo también criticó otros puntos del proyecto, como la posibilidad de trasladar el pago de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 hacia los sectores 5, 6, comerciales e institucionales, lo cual —según la Liga— contradice el compromiso adquirido por el presidente Gustavo Petro de que el Estado asumiría ese costo.

Finalmente, la entidad anunció que continuará denunciando ante la opinión pública cualquier intento de reforma que perjudique a los usuarios, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores del servicio eléctrico en la Costa Caribe.

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