La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) salió en defensa del presidente Gustavo Petro y de su familia tras su inclusión en la Lista Ofac del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una sanción que también cobija a la primera dama Verónica Alcocer, al hijo del mandatario Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
En un comunicado, la entidad calificó la medida como “violatoria del debido proceso” y aseguró que “se basa en criterios políticos sin soporte probatorio”.
“No existen reportes de operaciones sospechosas ni vínculos de las personas mencionadas con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo”, enfatizó la Uiaf.
El organismo recordó que, durante la actual administración, se han logrado cifras récord en inteligencia financiera: 999 informes sobre posibles operaciones ilícitas, que involucran $169,7 billones, frente a 527 reportes y $51,1 billones del cuatrienio anterior.
La Uiaf sostuvo que no ha recibido requerimientos de la Fiscalía, la Corte Suprema ni de organismos internacionales por investigaciones que involucren al mandatario o su familia, y que solo existe un requerimiento judicial en curso contra Benedetti, sin relación con lavado de activos.
Con tono crítico, la institución insinuó que la decisión de Washington responde más a intereses políticos que a pruebas concretas, y advirtió que afecta la confianza en los canales de cooperación bilateral.
Mientras tanto, el Gobierno colombiano mantiene silencio oficial, y en el ambiente diplomático crece la expectativa sobre si esta sanción escalará la tensión entre Bogotá y Estados Unidos.
