Sigue la tensión en medio de la polémica por la elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico.
El nuevo capítulo es la solicitud que presentó el sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos (SintraAdeua) para revocar el acto administrativo que avaló la inscripción del aspirante Leyton Daniel Barrios como candidato a la rectoría para el periodo 2025-2029.
Se conoció que dicha petición fue radicada por Jaime Iván Borrero Samper, presidente de este sindicato, quien precisó que el aval fue dado con una información inexacta.
En el documento de seis páginas da cuenta de que Barrios Torres habría presentado una certificación expedida por la Corporación Universitaria Americana, en la cual se afirmaba que ejerció labores docentes entre 2020 y 2023 bajo contratos de prestación de servicios.
Remisión de queja por cumplimiento de requisitos by Diario La Libertad La Libertad
Del estudio indica que la documentación aportada por los quejosos, así como la de verificación realizada por este Comité Electoral, se observa que el señor Leyton Barrios sostiene haber desempeñado funciones docentes en la Corporación Universitaria Americana, vinculándose bajo la modalidad de ‘Docente Ad Honorem’.
«No obstante, al realizar la revisión normativa correspondiente, especialmente del Estatuto del Profesorado y del Estatuto Docente de dicha institución, se constató que el régimen interno únicamente reconoce las siguientes categorías docentes de vinculación: docente tiempo completo; docente tiempo completo especial; docente medio tiempo; docente catedrático; docente transitorio u Ocasional»; se lee en el documento.
Dice el sindicato que la Corporación Universitaria Americana inicialmente reconocía un vínculo contractual; luego, el 27 de agosto de 2025, se negó cualquier relación laboral; y finalmente, el 14 de octubre, la misma admitió que la vinculación fue ad honorem, es decir, sin remuneración ni contrato formal.
La inexistencia de dicha categoría en los reglamentos institucionales constituye un hecho objetivo que afecta la «autenticidad de la información», rompe la presunción de buena fe y obliga a este Comité Electoral a actuar bajo el principio de debida diligencia y verificación administrativa», añade el documento.
El sindicato también envió copias de todo este proceso a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General para que indaguen el presunto delito de falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
En su denuncian también precisaron que es muy extraño que el Comité de Credenciales, integrado por Josefa Cassiani Pérez, Salomón Mejía Sánchez y María A. Bocanegra Jiménez, haya avalado la inscripción sin verificar a fondo la validez de los documentos.
