Al haber transcurrido muchos años del ejercicio democrático de la elección popular de alcaldes, se deberían estar produciendo gobiernos municipales transparentes y positivos para la comunidad, no que den muestras de su incapacidad para manejar los destinos de sus poblaciones, como ocurre en la mayoría de municipios, cuyo alto porcentaje de su ciudadanía padece de las más elementales necesidades básicas.
En todos estos años nos han mostrado, o que la mayoría de los alcaldes no tienen preparación para ejercer el cargo, o que son unos inescrupulosos, chanchulleros, calanchines y especializados en el tape tape de los entuertos de su antecesor, por aquello que pertenecen al mismo partido político.
La cifra de alcaldes encartados con la justicia en toda Colombia es contundente; en cada cuatrienio más del cincuenta por ciento han tenido que responder ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, por sus actos ilegales, muchos de ellos han cometido errores inducidos por sus más inmediatos colaboradores, que hacen parte de los mandos medios y por eso se les denuncia, pero otros han actuado por su propia iniciativa.
Es importante que por mandato de la ley o voluntariamente, los alcaldes den cuenta de la gestión que han desarrollado durante lo que va corrido de sus mandatos.
El plan de gobierno que obligatoriamente registran en el acto de inscripción como candidatos ante la Registraduría General de la Nación, se convierte en “letra muerta” porque no existe un procedimiento que los obligue a su cumplimiento, ni durante su mandato ni al final de este.
Consideramos que un mecanismo muy apropiado es que den a conocer los correspondientes balances, para que exista claridad en la ciudadanía, respecto a cómo han invertido los dineros aportados por los contribuyentes durante lo que va corrido de sus periodos.
Cada vez que aparece un informe en torno al mal funcionamiento de algunas administraciones municipales –no todas– lo cual ocurre con mucha frecuencia, la ciudadanía no deja de pensar que algo esta no está funcionando bien en el mecanismo de la elección popular de alcaldes.
Las malas actuaciones administrativas de muchos alcaldes municipales –no todos– conducen al despilfarro de los recursos que terminan siendo asumidos por los contribuyentes, por eso se hace necesario que los ciudadanos sepan con claridad y con cifras exactas, cuáles han sido los costos de sus decisiones; esto conlleva a la inevitable necesidad de que algunos alcaldes municipales, de los departamentos de la región Caribe y de Colombia en general, presenten sus balances, para que la ciudadanía se entere en qué se gastan los dineros aportados por los contribuyentes.
Es inconcebible que ya avanzado el tercer milenio todavía encontremos en muchos municipios de la región Caribe, que carecen de los más elementales servicios básicos y en donde sus habitantes viven en las más paupérrimas condiciones, en medio de toda clase de necesidades, sin que se vislumbre la más mínima posibilidad de solución para sus múltiples problemas.
Lamentablemente esa es la radiografía social que se puede observar, más que todo en el sector rural de muchos municipios, que de manera ancestral han padecido de un inquietante olvido de las administraciones.
Lo malo de los electores es que repiten sus equivocaciones en las elecciones, porque no existe un procedimiento que obligue a los alcaldes a la entrega de balances que permitan establecer cómo marcha el desarrollo social y económicos de sus entes territoriales.
