Las operaciones militares lanzadas por Estados Unidos en el mar Caribe desde septiembre han desatado una ola de críticas y cuestionamientos internacionales, tras conocerse que siete embarcaciones fueron atacadas, dejando una treintena de muertos y dos sobrevivientes repatriados sin que Washington haya presentado pruebas que justifiquen sus acciones.
De acuerdo con la Administración del presidente Donald Trump, los ataques se realizaron en aguas internacionales contra presuntos narcotraficantes pertenecientes a grupos criminales. Sin embargo, no se han revelado evidencias que respalden esta versión, ni se ha esclarecido la identidad o nacionalidad de la mayoría de las víctimas, tratadas como combatientes enemigos en un supuesto “conflicto armado” contra el narcotráfico.
El episodio más reciente fue anunciado por Trump el pasado sábado, cuando confirmó que dos sobrevivientes —uno colombiano y otro ecuatoriano— serían devueltos a sus países, tras un operativo en el que murieron dos hombres más a bordo de un submarino que supuestamente transportaba fentanilo.
El presidente Gustavo Petro confirmó la llegada del sobreviviente colombiano, Jeison Obando Pérez, de 34 años, quien se encuentra hospitalizado con graves lesiones.
Expertos cuestionan la legalidad de los ataques
El profesor Fabián Cárdenas, experto en Derecho Internacional de la Universidad Javeriana, calificó los ataques como una violación directa del derecho internacional:
“Está prohibido matar a una persona aunque sea un criminal. Esto es una pena de muerte extrajudicial. Debió haberse capturado y procesado, no asesinado”, señaló.
Cárdenas explicó que la legalidad de la operación depende del lugar donde ocurrieron los hechos: si fue en aguas colombianas, corresponde a las autoridades nacionales intervenir; si fue en aguas internacionales, se aplica la ley del país al que pertenece la embarcación; y si fue en aguas estadounidenses, debió existir un proceso judicial interno.
El experto sostuvo además que la decisión de devolver a los sobrevivientes “es una muestra de poderío político y militar de EE. UU. más que un acto legalmente sustentado”.
Limitadas opciones legales para Colombia
Aunque Colombia podría solicitar una investigación internacional sobre lo ocurrido, Cárdenas advierte que las posibilidades de éxito son reducidas, ya que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ni la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ni la de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Internacionalmente no hay dónde demandar”, afirma el académico, aunque aclara que eso no exime a EE. UU. de responsabilidad internacional.
Como alternativa, señala la posibilidad de acudir a la justicia estadounidense mediante la Alien Tort Statute (ATCA), una ley federal que permite a extranjeros demandar por violaciones al derecho internacional.
Una eventual comisión investigadora, conformada por varios Estados, podría también elaborar un informe técnico para exigir el reconocimiento de la responsabilidad de Estados Unidos y el esclarecimiento de los hechos.
Por ahora, el silencio de Washington y la falta de información oficial mantienen abierta la polémica sobre si las operaciones en el Caribe constituyen un acto legítimo de defensa o una grave violación del derecho internacional humanitario.
