La tensión política en Estados Unidos aumenta tras más de 50 días de bombardeos en el Mar Caribe, que han dejado 32 muertos, siete embarcaciones destruidas y dos sobrevivientes. Legisladores demócratas y republicanos cuestionan la legalidad de las operaciones ordenadas por el presidente Donald Trump, enmarcadas dentro de una supuesta ofensiva contra el narcotráfico.
Desde el 2 de septiembre, Washington ha desplegado ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aeronaves F-35, además de helicópteros de operaciones especiales MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk. Algunos de estos aparatos volaron a menos de 150 kilómetros de la costa venezolana, cerca de plataformas petroleras, según The Washington Post.
La ofensiva se amplió esta semana con un nuevo ataque frente a las costas del Pacífico colombiano, en el que murieron al menos dos personas, de acuerdo con The New York Times. Días antes, el Departamento de Guerra reportó la muerte de tres presuntos narcotraficantes vinculados al ELN.
Trump ha defendido los bombardeos argumentando que “salvan vidas estadounidenses” y que atacar directamente las embarcaciones es más efectivo que detenerlas. “Cada bote destruido representa 25.000 vidas salvadas”, aseguró el mandatario durante una conferencia de prensa.
Sin embargo, congresistas como Rand Paul, Tim Kaine y Adam Schiff han impulsado una votación para frenar las operaciones, calificándolas de ilegales y desproporcionadas. Paul cuestionó la justificación antidrogas de la Casa Blanca, afirmando que “no existe producción de fentanilo en Venezuela”.
A la polémica se suma la reciente salida del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, quien habría expresado reservas sobre las acciones militares. El congresista Adam Smith exigió al Gobierno explicar los motivos de su retiro y los criterios legales detrás de las órdenes de ataque.
La situación se complica con la revelación de que Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, bajo el argumento de combatir el “Cartel de los Soles”, presuntamente liderado por Nicolás Maduro. Legisladores advierten que esta estrategia podría escalar hacia un conflicto armado abierto en la región.
