Por: Álvaro Cotes Córdoba
El Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta impuso una sanción de tres días de arresto a Ángela María Cedeño Ruiz, actual presidenta de la Asamblea Departamental del Magdalena, por desacato a una providencia judicial emitida en septiembre de este año.
La medida, detallada en un auto judicial fechado el 18 de septiembre de 2025, busca sancionar la presunta desobediencia a una orden de suspensión de funciones, en medio de una prolongada disputa legal que ha paralizado la corporación legislativa.
Antecedentes de una crisis institucional
La controversia remonta a febrero de 2025, cuando la diputada opositora María Margarita Guerra Zúñiga interpuso una demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la elección de la Mesa Directiva para el período 2025-2026.
La acción judicial cuestionaba irregularidades en el proceso de votación que llevó a la designación de Cedeño Ruiz como presidenta, con Marta Liliana García Rivera como primera vicepresidenta y Candy Julieth Sánchez Vásquez como segunda.
El tribunal admitió la demanda y, el 26 de febrero, ordenó la suspensión provisional de los cargos, argumentando posibles vicios en el acto administrativo.
A pesar de esta medida cautelar, la Asamblea replicó la elección en marzo y junio, lo que generó nuevas suspensiones por parte del tribunal. Estas acciones fueron interpretadas como una «reproducción de actos suspendidos», violando el artículo 237 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que prohíbe reiterar decisiones judicialmente frenadas.
El gobernador Rafael Martínez, en declaraciones públicas, calificó estas maniobras como «obstinación psiquiátrica» que bloquea proyectos esenciales en educación, salud y vivienda para los magdalenenses más vulnerables.
El incidente de desacato
El auto judicial, impulsado por una denuncia de Yohan Pinedo Panetta –diputado y demandante en el proceso–, detalla que Cedeño Ruiz incumplió una orden de suspensión de funciones relacionada con el «despacho del incidente 1 de septiembre de 2025». Esta providencia provenía de la Presidencia de la República y la Secretaría General de la Asamblea, ordenando la no ejecución de un fallo que implicaba la pérdida de investidura por presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo.
Según el documento, la presidenta continuó laborando y sesionando pese a la suspensión, lo que configuró un «desacato flagrante». El juez Víctor Lorenzo Bermúdez Machado, en la providencia notificada el 18 de septiembre, notificó personalmente a Cedeño Ruiz en su domicilio, requiriéndole comparecencia inmediata. Tras su negativa inicial, se procedió al arresto domiciliario por 72 horas, con posibilidad de conmutación por multa si se subsanaba el incumplimiento. Además, se compulsaron copias a la Procuraduría para investigar posibles faltas disciplinarias contra otros miembros de la Mesa Directiva.En el considerando segundo del auto, se enfatiza que la sanción busca «garantizar el debido proceso» y evitar que la «burla a la justicia» afecte la estabilidad institucional. Pinedo, en su demanda, alegó que la continuación de Cedeño en el cargo impedía el avance de una elección legítima y generaba «daño al erario público».
Repercusiones políticas y sociales
Esta sanción agrava una crisis que ha mantenido a la Asamblea en un limbo operativo desde inicios de año, con sesiones interrumpidas y acusaciones cruzadas entre bloques afines al caicedismo –representado por Cedeño– y la oposición. En septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) intervino para resolver disputas sobre curules vacantes, ordenando la posesión de Danilo Beltrán Payares en una silla controvertida, lo que Cedeño debió acatar formalmente.
Voces del departamento, como la de la diputada Guerra Zúñiga, han calificado el episodio como «un triunfo de la legalidad sobre el abuso de poder». Mientras tanto, el gobernador Martínez urgió una «nueva elección transparente» para desbloquear la agenda legislativa. Cedeño Ruiz no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento, pero fuentes cercanas indican que apelará la medida ante instancias superiores.
El caso resalta las tensiones en el Magdalena, un departamento clave en la costa Caribe colombiana, donde la política local se entrecruza con investigaciones por corrupción y clientelismo. La Procuraduría y el Consejo de Estado podrían intervenir en las próximas semanas, potencialmente escalando el conflicto a nivel nacional.
Este medio seguirá informando sobre los desarrollos en este proceso judicial que podría reconfigurar el panorama político magdalenense de cara a 2026.
