Un operativo de desalojo en el norte de Barranquilla terminó en escándalo y denuncias de abuso de autoridad. Jaime Avendaño Camacho, director regional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para la región Caribe, fue señalado por golpear a Gabriel Morillo Rodríguez durante una diligencia judicial en la carrera 68 con calle 74.
De acuerdo con la denuncia, el funcionario habría tomado por el cuello a Morillo y lo habría estrellado contra un vehículo, causándole lesiones que requirieron atención médica. Testigos aseguran que el incidente se produjo en medio de una fuerte discusión, luego de que se presentara una tutela que suspendía el procedimiento.
“El señor Avendaño perdió el control y lo levantó con una mano como si fuera un muñeco”, relató uno de los presentes. El afectado fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo observación durante varias horas.
En un video difundido en redes sociales, Morillo afirmó que fue víctima de una agresión “brutal” y pidió a las autoridades investigar el hecho. “Estoy hospitalizado después de un intento prácticamente de homicidio de parte del director regional de la SAE”, denunció.
El caso ha generado rechazo en redes sociales y entre abogados que advierten posibles consecuencias penales y disciplinarias para el funcionario, acusado de uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad. Hasta el momento, la SAE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.
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La denuncia no se quedó solo en lo ocurrido. En la misma grabación, Morillo afirmó que teme por su vida y la de su familia: “No sé hasta dónde lleguen los alcances de este señor. Me violentó físicamente, públicamente, delante de todo el mundo. Necesito su ayuda porque esto es corrupción, esto es tiranía. No podemos aceptarlo. Estoy agarrado de Dios y de mis derechos”.
El relato estremeció a quienes vieron el video, donde se observa a Morillo con visibles dificultades para hablar. El hombre recordó que ya había denunciado penalmente al funcionario por conductas similares y acusó a Avendaño de “amedrentar con su escolta policial y usar a la fuerza pública para apropiarse de lo que no le pertenece”.
El inmueble en cuestión son bodegas en Barranquilla, que en el pasado estuvieron vinculadas a un proceso de extinción de dominio, pero que según Morillo fueron excluidas en 2011 por un fallo judicial. En medio de esa maraña de decisiones, la SAE insiste en que hacen parte de sus activos, mientras el ocupante exhibe derechos posesorios y providencias a su favor. Fue precisamente una orden del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito la que suspendió cualquier actuación administrativa, detonando la furia del funcionario.
En un centro hospitalario, la víctima fue sometida a radiografías y estudios médicos antes de recibir el alta.