l último fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia marcó un nuevo capítulo en la crisis del sector energético colombiano. En la sentencia No. 170 de 2025, el alto tribunal resolvió una demanda interpuesta por Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), ISA Intercolombia S.A. y Transelca S.A. contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), con vinculación de la empresa Air-e S.A.S., intervenida desde 2024 por su grave situación financiera.
Aunque el caso giraba inicialmente en torno a la deuda millonaria de Air-e con las compañías generadoras, transmisoras y térmicas, la decisión del Tribunal fue mucho más allá, cuestionó directamente la actuación del Gobierno nacional en materia regulatoria.
La sentencia ratificó la legalidad de la intervención estatal sobre Air-e y descartó responsabilidad patrimonial del Estado – crédito Air-E
El Tribunal declaró la nulidad de tres resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía —40307 del 5 de agosto, 40359 del 30 de agosto y 40409 del 30 de septiembre de 2024— al considerar que fueron emitidas sin competencia y con desviación de poder. Según la sentencia, el ministerio invadió funciones propias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) al adoptar medidas regulatorias que no estaban dentro de sus facultades.
En consecuencia, el fallo ordena restablecer la legalidad administrativa en el sector, aunque negó el restablecimiento económico solicitado por ISA, Intercolombia y Transelca, al no demostrarse un perjuicio directo derivado de dichos actos.
La decisión también ratifica la legalidad de la Resolución No. SSPD 20241000531665 del 11 de septiembre de 2024, mediante la cual la Superintendencia asumió la posesión de los bienes y negocios de Air-e. El Tribunal concluyó que la entidad actuó dentro de su competencia y descartó cualquier responsabilidad patrimonial del Estado.
