Gobierno Nacional estudia usar ley de financiamiento para rescatar a Air-e y garantizar el servicio de energía en la región Caribe

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno nacional evalúa la posibilidad de utilizar la ley de financiamiento como un mecanismo para inyectar liquidez a la empresa Air-e, con el objetivo de superar la crisis económica que amenaza la prestación del servicio eléctrico en la región Caribe.

Desde el departamento del Atlántico, el jefe de la cartera de Minas sostuvo que esta alternativa podría ser una solución inmediata para atender la situación financiera de la compañía, aunque subrayó la necesidad de implementar estrategias empresariales de mediano y largo plazo que aseguren un suministro energético estable y sin incertidumbre.

“Durante más de 20 años hemos visto pasar siete empresas y cuatro gobiernos sin resolver de fondo este problema. Nuestro enfoque es diferente: apostamos por la transición energética, aprovechando el sol y el viento para generar energía limpia, accesible y sostenible. Sin embargo, eso no basta. Se requiere liquidez, y la ley de financiamiento es el escenario ideal para lograrlo”, afirmó Palma.

El pronunciamiento del ministro se da tras el llamado del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien insistió en la urgencia de una intervención financiera estatal que permita normalizar las operaciones de Air-e, actualmente bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Verano advirtió que, de no efectuarse los pagos pendientes a los generadores de energía, podría haber riesgo de suspensión del servicio, lo que agravaría la situación energética del Caribe colombiano.

Las declaraciones se realizaron durante la inauguración de la primera granja solar del Atlántico, ubicada en el municipio de Repelón, dentro del programa “Colombia Solar para Población Vulnerable”, impulsado por el Ministerio de Minas y Energía y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), como parte del compromiso del Gobierno con la transición hacia fuentes limpias y sostenibles.