La tensión entre la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional volvió a subir de tono. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal, presentó una ponencia en la que propone anular por completo la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro, alegando que el trámite legislativo en la Cámara de Representantes no cumplió las órdenes de corrección emitidas por la Corte en junio pasado.
El documento, de 83 páginas, plantea que el Congreso incurrió en fallas procedimentales que comprometen la validez de la ley, entre ellas la falta de tiempo para debatir el texto, deficiencias en la citación a las sesiones extraordinarias y la aprobación irregular de las actas legislativas. Con estos argumentos, Ibáñez pide que el proyecto se hunda y advierte que no puede volver a ser subsanado.
UN NUEVO CHOQUE ENTRE FORMALISMO Y REFORMA
La ponencia, que será discutida en la Sala Plena de nueve magistrados, abre un nuevo capítulo en la pugna institucional entre el Ejecutivo y la Corte. Para que su propuesta prospere, Ibáñez necesita el respaldo de al menos cuatro de sus colegas; de lo contrario, se elaborará una nueva ponencia que recoja la posición mayoritaria del tribunal.
El magistrado, reconocido por su línea conservadora, argumenta que la sesión de la Cámara del 27 de junio de 2024 fue convocada con una premura que vulneró el principio de publicidad: apenas dos horas después del decreto presidencial que llamaba a sesiones extraordinarias. Según su análisis, esa rapidez impidió que los congresistas revisaran el texto que sería debatido.
Sin embargo, expertos en derecho constitucional señalan que existen precedentes en gobiernos anteriores —incluidos los de Iván Duque, Juan Manuel Santos e incluso el actual presidente Gustavo Petro— en los que se realizaron convocatorias con lapsos similares sin que se consideraran inconstitucionales.
LAS DIFERENCIAS EN EL INTERIOR DE LA CORTE
La posición de Ibáñez ha sido interpretada por algunos sectores como una lectura excesivamente literal del reglamento del Congreso. El procurador Gregorio Eljach, quien validó el proceso legislativo, calificó de “sin fundamento” los argumentos del magistrado. Por su parte, el constitucionalista Héctor Riveros afirmó que el debate sobre el quórum es “irrelevante”, ya que los anuncios de proyectos no requieren votación ni mayoría decisoria.
Aun así, Ibáñez insiste en que la Cámara desobedeció una orden judicial al acoger sin discusión el texto aprobado por el Senado. Para él, esa decisión desconoció el mandato de la Corte de garantizar un debate amplio y plural. “Si se permite que las mayorías cierren el debate mediante una proposición sustitutiva, se vulnera el principio democrático y los derechos de las minorías”, sostiene la ponencia.
LOS PUNTOS MÁS POLÉMICOS DEL DOCUMENTO
Además del debate sobre la citación y las mayorías, el presidente de la Corte cuestiona que las actas de las sesiones no fueron aprobadas con el número de votos requeridos. Aunque este aspecto suele ser un trámite de forma, Ibáñez lo presenta como una falla sustancial.
Otros magistrados y juristas consideran que este tipo de objeciones son formalismos excesivos, ya que la Corte puede revisar otros elementos de prueba —como grabaciones e informes oficiales— para verificar el cumplimiento del procedimiento legislativo.
UN ESCENARIO COMPLEJO PARA EL GOBIERNO
De ser acogida la ponencia, el Gobierno tendría que volver a presentar la reforma pensional ante el Congreso, lo que representaría un duro revés político y legislativo para la administración Petro. La iniciativa, considerada una de las apuestas sociales más ambiciosas del Ejecutivo, buscaba ampliar la cobertura para adultos mayores sin pensión y fortalecer el sistema público de ahorro.
En su conclusión, Ibáñez sostiene que “no existe salida jurídica satisfactoria” para corregir los vicios detectados, y advierte que permitir otra subsanación equivaldría a “debilitar los controles constitucionales”.
La Sala Plena de la Corte Constitucional debatirá el documento en los próximos días. Allí se definirá si los argumentos del magistrado prosperan o si, por el contrario, la Corte le da una nueva oportunidad a la reforma pensional del Gobierno.
