Un reciente estudio de la Contraloría General de la República reveló que Colombia enfrenta un panorama crítico en materia de actualización catastral: más del 91% de las zonas rurales y el 72% de las urbanas carecen de información actualizada sobre el uso y tenencia de la tierra.
El informe, titulado “Estado de la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito durante el periodo comprendido entre 2014 y 2024”, evidencia que, de los 1.102 municipios del país, apenas 73 (6,62%) cuentan con actualización total de sus catastros. Esto equivale a menos de nueve millones de hectáreas registradas frente a las 114 millones que conforman el territorio nacional.
El documento, elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico en coordinación con otras dependencias del ente de control, advierte sobre riesgos financieros y de gestión en la ejecución de esta política pública, a pesar de la considerable asignación de recursos durante la última década.
Entre los principales hallazgos, la Contraloría señaló una subejecución presupuestal alarmante, con pérdidas de apropiación que pasaron del 9,25% entre 2016 y 2019 al 46% en el periodo 2020–2023. Esto significa que casi la mitad de los recursos disponibles no fueron ejecutados para avanzar en la implementación del catastro multipropósito.
Asimismo, el estudio evidencia deficiencias tecnológicas y falta de articulación entre la información catastral y registral, lo que impide la consolidación de una base de datos confiable que facilite la planeación territorial, la gestión fiscal y la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra.
La Contraloría también advirtió que esta situación afecta directamente el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en lo relacionado con la Reforma Rural Integral (RRI), que busca formalizar la propiedad y redistribuir la tierra en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado y la pobreza.
“El rezago en la implementación del Catastro Multipropósito retrasa la ejecución de políticas clave para el desarrollo rural y la equidad territorial”, indicó el organismo de control, subrayando que, si no se corrige la tendencia actual, los riesgos detectados podrían consolidarse a mediano y largo plazo, afectando tanto la planeación nacional como el uso eficiente de los recursos públicos.
El informe concluye que el país necesita acelerar la cobertura catastral, priorizando a los municipios con mayor atraso, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar la transparencia en la gestión presupuestal, para que la política pública de Catastro Multipropósito cumpla con los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
