En Colombia, la defensa de los derechos humanos continúa siendo una labor de alto riesgo. Un reciente informe del Programa Somos Defensores, titulado “La misma receta”, reveló que durante el primer semestre de 2025 fueron asesinadas 78 personas dedicadas a la defensa de causas sociales, lo que equivale a un homicidio cada dos días.
El estudio, basado en datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh), documentó además 342 ataques registrados entre enero y junio de este año, reflejando un incremento del 20 % frente al mismo periodo de 2024.
De acuerdo con el informe, las principales víctimas pertenecen a comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas, además de líderes que impulsan la defensa ambiental y territorial. Estas agresiones se concentran especialmente en regiones como Catatumbo, Cauca, Nariño, Chocó y Arauca, zonas donde confluyen economías ilegales, presencia de grupos armados y una débil acción estatal.
El documento también critica que el Gobierno del presidente Gustavo Petro haya reforzado la militarización en zonas de conflicto, en lugar de priorizar medidas de carácter humanitario. “El uso de estrategias militares y la reactivación de bombardeos reproducen viejas recetas que agravan la crisis social y ponen en riesgo a las comunidades”, advierte el informe.
Asimismo, Somos Defensores cuestiona la reactivación de los denominados Frentes de Seguridad, estructuras de apoyo ciudadano a la Policía Nacional que, según la organización, carecen de respaldo jurídico y pueden facilitar vínculos inadecuados entre la fuerza pública, la ciudadanía y las empresas privadas de seguridad.
El reporte advierte que la normalización de las amenazas y la estigmatización contra quienes denuncian abusos ha generado un clima de autocensura y debilitamiento organizativo en los territorios.
Finalmente, la organización instó al Estado colombiano a replantear su enfoque de seguridad, centrando sus esfuerzos en la protección de la vida y en la construcción de políticas de prevención más inclusivas y efectivas. “Las comunidades no necesitan más militarización, sino garantías reales para ejercer su liderazgo y defender sus derechos”, concluye el informe.
