El Senado de Uruguay aprobó con 20 votos a favor de 31 la ley que legaliza la eutanasia, un debate que se extendió durante cinco años y que finalmente concluye con la sanción definitiva de la denominada ley de “muerte digna”.
La normativa establece un marco legal para garantizar que las personas puedan transitar el final de su vida de manera digna, regulando los procedimientos y asegurando el respeto a la voluntad de quienes opten por esta práctica. Uruguay se suma así a Colombia y Ecuador como los únicos países de la región que han regulado la eutanasia, consolidando un enfoque en derechos humanos y autonomía personal frente al sufrimiento al final de la vida. La ley define criterios estrictos para su aplicación, incluyendo la evaluación médica y psicológica, la obtención del consentimiento informado y la supervisión por parte de equipos de salud especializados, buscando evitar cualquier riesgo de abuso o coerción. El proceso legislativo en Uruguay reflejó un intenso debate social y ético. Durante años, organizaciones de derechos humanos, profesionales de la salud y colectivos de pacientes promovieron la discusión sobre la necesidad de reconocer el derecho a una muerte digna, mientras que sectores conservadores expresaron su preocupación por las implicaciones morales y religiosas de la medida. Con esta decisión, Uruguay consolida su liderazgo en políticas progresistas de derechos humanos en la región y abre un precedente que podría influir en otros países latinoamericanos que aún enfrentan debates sobre la regulación de la eutanasia. Expertos consideran que la ley no solo ofrece un alivio al sufrimiento, sino que también representa un avance en la protección de la autonomía individual y el respeto por la dignidad humana.
