Un juez de control de garantías dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, procesada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El juzgado rechazó los argumentos de la defensa de Ortiz, con los que buscaba revocar la decisión.
La Fiscalía logró demostrar que Sandra Ortiz «todavía representa un riesgo para la comunidad y tiene la capacidad de obstruir el proceso penal».
La exconsejera fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias para servidor público.
Se le acusa por presuntamente haber movilizado $3.000 millones que habrían sido entregados al entonces presidente del Senado, Iván Name, en un direccionamiento irregular de un contrato de carrotanques en la UNGRD.
