Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U
La proliferación del arraigado fenómeno del contrabando de cigarrillos en Colombia además de devorar las rentas departamentales y poner en jaque la salud pública, amenaza la seguridad en los territorios donde fortalece a grupos armados y estructuras criminales que se enriquecen a costa del deterioro institucional del país. Arreciar la ofensiva contra esta problemática es una tarea pendiente del Estado que debe pasar de la reacción a la prevención.
La normalización de la compra de tabaco ilegal entre los colombianos, debido a la falta de conciencia ciudadana sobre el impacto del contrabando, ha debilitado el sentido de legalidad y responsabilidad colectiva. Según el Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales 2024, realizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) e Invamer, el 36% de los cigarrillos consumidos en el país son ilegales, la cifra más alta en casi una década. Lo grave es que el 64% de los consumidores encuestados se siente satisfecho con este producto ilegal, el reflejo de la indiferencia frente a la legalidad que existe en el país.
Lo que desconocen muchos colombianos es que las pérdidas billonarias por concepto de impuesto al consumo de cigarrillo afectan directamente las inversiones en salud, educación y deporte de los departamentos. En 2024, las pérdidas fiscales por contrabando de cigarrillos superaron el billón de pesos, de acuerdo con información de Invamer. Detrás de cada compra de tabaco ilegal, en la que se “ahorran” unos pesos, se está apoyando la delincuencia organizada mientras que se afecta la economía formal y las finanzas públicas.
Paradójicamente, los impuestos al consumo de tabaco, con los que se buscaba desincentivar su uso y aumentar el recaudo estatal, han ampliado la brecha de precios y disparado el negocio ilegal, debido a la implementación de políticas fiscales sin el acompañamiento de medidas efectivas de control. Un ejemplo es el aumento del impuesto al cigarrillo aprobado en la reforma tributaria de 2016, que triplicó su valor, y sin reducir su consumo abrió de par en par la puerta a los contrabandistas.
Con el escaso control estatal, la débil presencia de las autoridades en zonas fronterizas y la permisividad social, se le sigue cediendo terreno al contrabando de tabaco. Estamos ante un desafío urgente y complejo que demanda una política pública integral que aborde las causas estructurales del problema con estrategias que combinen control aduanero efectivo, cooperación internacional, sanciones ejemplares, desmantelamiento de las redes de corrupción y campañas pedagógicas que visibilicen las consecuencias sociales y económicas del comercio ilegal.
El Estado debe pasar de la reacción a la prevención, actuar con decisión y coherencia, de lo contrario seguirá siendo cómplice por omisión de un mercado ilícito que destruye tejido económico y social. La tarea de combatir el consumo ilegal del tabaco es una responsabilidad compartida con todos los ciudadanos, quienes se deben concientizar acerca del impacto de este delito, rechazando la cultura de la ilegalidad y defendiendo los recursos para la inversión social, a través de las denuncias de toda distribución, oferta y compra ilegal. No podemos permitir que la ilegalidad siga dictando el destino de recursos públicos esenciales y poniendo en riesgo la salud y la seguridad de sus ciudadanos.
