La Procuraduría General de la Nación ha emitido una alerta preventiva para 469 municipios y la Gobernación de Vichada ante posibles irregularidades en la utilización de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP–APSB).
Según el organismo, revisiones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio durante 2024 detectaron inconsistencias en la ejecución de estos fondos, incluyendo $5.714 millones destinados a gastos no permitidos dentro del programa. Además, 87 municipios aún presentan registros que deben ser aclarados, lo que podría afectar la continuidad de proyectos esenciales para garantizar agua potable y servicios de saneamiento.
La Procuraduría recordó que estos recursos deben emplearse exclusivamente en obras, mantenimiento y ampliación de acueductos, alcantarillado y aseo, y advirtió que su uso indebido podría acarrear sanciones disciplinarias, fiscales y administrativas.
El organismo hizo un llamado a alcaldes, gobernadores y responsables financieros a reforzar la transparencia y la correcta administración de los recursos, con el objetivo de proteger el derecho de la ciudadanía al acceso a servicios básicos de agua y saneamiento.
