Mariana González, hija del dirigente opositor Edmundo González Urrutia, elevó una solicitud pública a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) para que interceda ante las autoridades y le permita conocer el estado de su esposo, Rafael Tudares, quien permanece detenido desde el 7 de enero de 2025 sin comunicación con su familia.
A través de una carta divulgada en la red social X (antes Twitter), González denunció que su pareja fue víctima de una detención arbitraria y que, desde hace más de nueve meses, no ha recibido información sobre su paradero ni sobre las condiciones en las que se encuentra. Según relató, tampoco se le ha permitido entregarle medicinas ni artículos personales.
“Desde hace 277 días vivimos la desaparición forzada de Rafael. No hemos recibido fe de vida ni se nos ha permitido ningún tipo de contacto con él”, expresó González.
En la misiva, la hija del líder opositor pidió a la Iglesia venezolana brindar acompañamiento pastoral y, de ser posible, realizar una visita o gestión ante las autoridades que permita constatar la situación real del detenido. Además, solicitó un pronunciamiento público de la CEV en defensa de los derechos humanos y el debido proceso.
González aseguró que su petición no tiene tintes políticos, sino un carácter estrictamente humanitario:
“No formamos parte de la política venezolana. Solo pedimos saber dónde está, cómo está y que se respeten sus derechos como ser humano, esposo y padre”, subrayó.
La denuncia de Mariana coincide con el reciente llamado de la Conferencia Episcopal Venezolana, que consideró la próxima canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles como una oportunidad para que el Estado otorgue medidas de gracia a los presos por razones políticas.
Cabe recordar que el pasado 23 de junio, un tribunal venezolano decidió avanzar a juicio contra Rafael Tudares, acusándolo de conspiración, terrorismo, asociación ilícita, legitimación y financiamiento, cargos que su esposa califica como infundados.
El caso ha reavivado las críticas internacionales hacia el gobierno de Nicolás Maduro, acusado por organizaciones de derechos humanos de mantener detenidos a varios ciudadanos por motivos políticos y de violar sistemáticamente las garantías fundamentales en Venezuela.
