Nicolás Maduro habría ofrecido amplios beneficios económicos a Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, incluyendo concesiones en el sector petrolero y minero, como parte de un intento por detener la presión militar y diplomática de Washington sobre Caracas, según reveló el New York Times.
De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, el gobierno venezolano planteó permitir una mayor participación de empresas estadounidenses en la explotación de petróleo, gas, oro y coltán. Además, propuso reducir o cancelar acuerdos con aliados tradicionales como China, Rusia e Irán, en un giro geopolítico que habría implicado redirigir parte de las exportaciones de crudo hacia Estados Unidos.
Las conversaciones, que se mantuvieron en secreto durante meses, se produjeron en medio de una escalada de tensiones, cuando la administración Trump calificaba al régimen venezolano como un “cartel narcoterrorista” y desplegaba fuerzas navales en el Caribe. Caracas, por su parte, buscaba evitar un conflicto directo mediante una apertura sin precedentes de su economía al capital estadounidense.
El paquete ofrecido por Maduro incluía también la disminución de envíos de petróleo a Cuba, buscando maximizar ingresos y aliviar la presión de las sanciones económicas. A cambio, Venezuela aspiraba al levantamiento progresivo de sanciones y a una posible normalización de relaciones bilaterales.
Sin embargo, el acuerdo no prosperó. Altos funcionarios del gobierno de Trump, encabezados por el entonces secretario de Estado Marco Rubio, rechazaron la propuesta argumentando que Maduro es un «líder ilegítimo» y un «prófugo de la justicia estadounidense». Rubio se opuso además a los contactos mantenidos por Richard Grenell, emisario especial de Trump, quien lideró los intentos de acercamiento.
“El problema no era económico, era político”, aseguran fuentes cercanas a las tratativas. La permanencia de Maduro en el poder fue el principal obstáculo para alcanzar un consenso.
Giro histórico en la política energética venezolana
De haberse concretado, el acuerdo habría significado un viraje radical en la doctrina chavista, al permitir que compañías estadounidenses controlaran directamente sectores estratégicos como el petróleo y los minerales tecnológicos. Venezuela buscaba duplicar o incluso triplicar su producción energética mediante inversión extranjera, estimada como clave para superar la profunda crisis económica del país.
Empresas como Chevron y ConocoPhillips retomaron conversaciones con Caracas. Chevron logró recuperar su licencia para operar en Venezuela en julio, y Conoco se encuentra negociando acuerdos con PDVSA.
Oposición presenta alternativa ante empresarios en EE. UU.
Mientras Maduro intentaba abrir canales con Washington, la líder opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, presentó en Estados Unidos un plan alternativo de reconstrucción económica bajo un eventual gobierno democrático.
Su equipo estima que Venezuela podría atraer inversiones por hasta 1,7 billones de dólares en los próximos 15 años. La asesora Sary Levy cuestionó duramente las propuestas de Maduro, afirmando que el régimen no ofrece garantías reales, sino control autoritario sustentado en el miedo.
Shell reactiva operaciones en el gas venezolano
Aunque las negociaciones diplomáticas colapsaron, algunos avances económicos han seguido su curso. El Departamento del Tesoro de EE. UU. autorizó recientemente a la multinacional Shell a operar en el campo de gas Dragón, frente a las costas venezolanas. El gas será procesado en Trinidad y Tobago, y como parte del acuerdo, Shell financiará programas sociales en Venezuela.
Pese a las advertencias de Marco Rubio, quien insiste en que el régimen no debe beneficiarse del proyecto, el gobierno de Maduro considera esta operación una victoria simbólica que refuerza la narrativa de que “Venezuela sigue abierta a los negocios”.
