Exfuncionarias de la Alcaldía de Medellín, acusadas por presuntas irregularidades en contratos de alimentación para la niñez

URI de la Fiscalía de Cartagena. // Foto: Facebook Fiscalía General de la Nación Colombia.

La Fiscalía General de la Nación radicó una acusación formal contra Martha Alexandra Ruiz Agudelo, exsecretaria de Educación de Medellín; Lina María Gil Zapata, exdirectora del programa Buen Comienzo; y Henry Paulisson Gómez Montoya, representante de una corporación contratista, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos relacionados con la atención alimentaria de poblaciones vulnerables.

Según la investigación, las exfuncionarias habrían participado en el direccionamiento de dos contratos firmados en marzo de 2020, durante la pandemia, para favorecer a la corporación de Gómez Montoya. En el primero de ellos, correspondiente al suministro de alimentos para la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, se habría modificado el proceso de selección: pasó de una subasta inversa a una contratación directa, lo que permitió elegir al contratista sin competencia.

Los hallazgos de la Fiscalía apuntan a sobrecostos en los kits alimentarios, productos cobrados por encima de su valor comercial, contratación de personal sin los perfiles requeridos y pagos por servicios no prestados, generando un posible detrimento patrimonial de 1.423 millones de pesos.

Un segundo contrato, celebrado bajo urgencia manifiesta para la atención de estudiantes en 2020, también fue adjudicado a la misma corporación. En este caso, las evidencias señalan deficiencias logísticas, pues el contratista no contaba con bodega para almacenamiento ni cumplía los requisitos técnicos exigidos. Además, se identificaron duplicidades en pagos y sobrecostos, con una apropiación ilícita estimada en 956 millones de pesos.

Por estos hechos, los tres acusados deberán responder ante la justicia por los delitos de peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La Fiscalía reiteró que continuará su labor de vigilar la correcta administración de los recursos públicos, en especial aquellos destinados a programas sociales y de atención a la infancia en el país.