La institución presentó alerta temprana para comicios del 2025 y 2026
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026,un documento de advertencia que identifica posibles vulneraciones a derechos y libertades civiles y políticas, de cara a las próximas elecciones.
En dicho informe, la institución, reveló que en la región Caribe, un total de 7 municipios presentan llamado a la atención urgente, ante posibles riesgos de cara a los diferentes procesos electorales.
Según el informe, de los 7 municipios con posibles riesgos, 5 de estos están ubicados en el Atlántico: Campo de la Cruz, Malambo, Polonuevo, Baranoa y Luruaco.
Los otros dos municipios, son Carmen de Bolívar, (Bolívar), y La Jagua del Pilar (La Guajira). De igual forma, 81 municipios está en acción prioritaria y 47 en observación permanente.
Precisó además la Defensoría del Pueblo, que en la macrorregión Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, y el Archipiélago de San Andrés y Providencia), tienen presencia y accionar los siguientes grupos armados ilegales: Ejercito Gaitanista de Colombia / EGC; Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada; Ejército de
Liberación Nacional, y Facciones disidentes de las extintas Farc-EP.
Frente a ello, la institución defensora de Derechos Humanos, precisó que dichas estructuras afectan la participación política sin necesidad de recurrir de manera permanente a la violencia abierta.
“El control territorial, la captación y control de población civil, la cooptación o amenaza a liderazgos sociales, la apropiación forzada de expresiones organizativas y la promoción de nuevas estructuras comunitarias les permiten construir formas de incidencia social que constituyen de por sí una violación a la libertad y a los derechos civiles y políticos, con graves consecuencias para el proceso electoral”, precisó el informe.
Por lo anterior, la Defensoría emitió varias recomendaciones a la institucionalidad, entre ellas, generar una respuesta ápida, coordinada y medible a los riesgos electorales
2025–2026.
Así mismo, en el informe se instó a disuadir y contener el riesgo para garantizar el libre desarrollo de las elecciones mediante el despliegue focalizado y oportuno de la
Fuerza Pública en territorios de atención inmediata/urgente/prioritaria, protegiendo vías y logística electoral, con enfoque diferencial y coordinación presupuestal e interinstitucional nación región.
En ese sentido, solicitó la Defensoría del Pueblo a las diferentes entidades participantes a blindar el proceso electoral con un esquema integral y medible de prevención y protección que priorice territorios críticos, brinde medidas diferenciadas a candidatos, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes, armonice rutas de protección y control de financiación, y asegure seguridad física y digital antes, durante y después de 2025–2026
Cabe mencionar, que durante la jornada, la defensora Iris Marín Ortiz, precisó que el propósito de la alerta es orientar análisis y formular recomendaciones concretas a las entidades competentes con el fin de fortalecer acciones que permitan mitigar o superar las situaciones de riesgo y así garantizar el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional.
“Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, concluyó Marín Ortiz.
