La Corte encontró unas posibles irregularidades en lo que tiene que ver con el transporte aéreo que prestó la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S.
“En ese orden, la Sala, en la decisión en comento, encontró fundamento para señalar que los servicios de transporte aéreo contratados con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. y facturados a la campaña al Senado correspondieron, en realidad, a servicios negociados y ejecutados para la campaña a la consulta interna de las elecciones presidenciales del precandidato del Pacto Histórico, Gustavo Francisco Petro Urrego”, se lee en el documento.
La Sala de Instrucción señala que la facturación, luego de suministrado el servicio en un tiempo que comprendió, a grandes rasgos, un mes antes de los comicios legislativos y de consulta interna, se hizo el 16 de marzo de 2022 al gerente de la campaña a la consulta interna, que era Ricardo Roa, por un valor de $2.324.664.576, valor que, el 12 de abril de 2022, fue dividido en dos facturas: una por $1.215.646.740 que fue a la campaña del Senado y otra por $1.215.646.740 respecto de la campaña a la consulta interna.
Para la Corte, el total de estos gastos aéreos se habría presuntamente volado el tope de financiación autorizado de la campaña. Incluso, la Corte es clara en señalar que “durante el tiempo de ejecución de los dos contratos, los vuelos efectivamente realizados con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. correspondieron a servicios suministrados al precandidato Gustavo Francisco Petro Urrego y a su comitiva política y de seguridad en el proceso de elección de la consulta interna”.
