Carlos Arturo Robles es señalado por la Fiscalía de liderar una red que movía cocaína desde el Catatumbo hasta el Caribe, mientras dirigía una institución pública de educación superior.
El exrector Carlos Arturo Robles es señalado de encabezar una estructura criminal dedicada al envío de cocaína desde el norte del país hacia el Caribe y Estados Unidos.
La Fiscalía General de la Nación formuló graves acusaciones contra Carlos Arturo Robles Julio, exrector de la Universidad de La Guajira, a quien se le atribuye la presunta dirección de una red de narcotráfico con operaciones internacionales.
De acuerdo con el expediente judicial, la estructura habría articulado rutas de envío de cocaína desde el Catatumbo hasta destinos como Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Aruba y México, utilizando municipios del norte del país, como Maicao y Uribia, para el acopio y salida de los cargamentos.
Las investigaciones señalan que durante su gestión como rector, Robles habría aprovechado su posición institucional y sus conexiones políticas y sociales para facilitar las operaciones de la organización criminal. La Fiscalía asegura que contaba con bodegas, astilleros ilegales y una red logística que operaba bajo la fachada de actividades legales.
Entre las pruebas recaudadas se mencionan pagos a grupos armados para garantizar el libre tránsito de la droga, además de vínculos con actores locales e indígenas que habrían sido cooptados para permitir el movimiento de los cargamentos por la Alta Guajira.
Fuentes del proceso indican que la red funcionaba con una estructura jerárquica y una planeación minuciosa, similar a la de una empresa formal. Por esa razón, las autoridades han calificado este caso como un ejemplo de “criminalidad de cuello blanco” en el sector público.
El exrector Robles, por su parte, niega los señalamientos y alega ser víctima de un montaje y de presiones extorsivas, mientras la Fiscalía continúa recopilando elementos materiales probatorios.
Educación pública bajo sospecha
El caso ha generado fuerte conmoción en La Guajira y en el sistema universitario público, pues pone de relieve cómo las estructuras criminales pueden infiltrarse en instituciones educativas y utilizar su legitimidad para encubrir operaciones ilícitas.
Voceros académicos y organizaciones civiles han pedido al Ministerio de Educación y a la Contraloría reforzar los mecanismos de control sobre la destinación de recursos en universidades públicas, para evitar que estas se conviertan en plataformas de intereses ajenos a su misión educativa.
La Fiscalía continúa ampliando la investigación, que podría derivar en nuevas capturas y en la identificación de otros posibles colaboradores dentro y fuera del ámbito universitario.
El caso de Carlos Arturo Robles no solo revela el alcance del narcotráfico en las estructuras institucionales del país, sino también los vacíos de control que permiten que el poder académico y político se utilice como escudo frente a la justicia.
Con información de corrupciónaldía.com
