La Agencia Nacional de Infraestructura pretende desconocer los acuerdos firmados con la Gobernación y la comunidad, e incluso trasladar al departamento el pago de una indemnización al concesionario.
La Administración Departamental advierte que el Atlántico no asumirá responsabilidades económicas de un contrato de Concesión firmado por la ANI que no conoce y que no hacen parte de los compromisos previamente pactados.
La Gobernación del Atlántico rechaza de manera categórica el incumplimiento por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de los compromisos pactados en las mesas de trabajo desarrolladas junto con la comunidad y las autoridades departamentales, orientadas a buscar una solución definitiva a la problemática del peaje Papiros, en el municipio de Puerto Colombia.
“Resulta absurdo que ahora la ANI pretenda que la Gobernación del Atlántico asuma el pago de una indemnización al concesionario, cuando dichos recursos hacen parte de un contrato de Concesión cuya estructuración y alcances no han sido socializados ni conocidos por la administración departamental. Esta exigencia no estaba contemplada en los acuerdos previamente pactados con la entidad nacional, y desconoce el principio de buena fe institucional que ha guiado todas las actuaciones del gobierno del Atlántico”, manifestó el gobernador Verano.
Desde el inicio del actual gobierno, el mandatario departamental ha liderado gestiones permanentes para articular los intereses del Gobierno nacional, el concesionario y la ciudadanía, con el fin de desactivar un conflicto social que por años ha afectado la movilidad, la convivencia y la tranquilidad en la zona.
El 5 de septiembre de 2024, durante una mesa de concertación celebrada en la Gobernación del Atlántico, y según consta en el acta firmada por el entonces vicepresidente y representante legal de la ANI, Juan José Oyuela, por los diputados del Atlántico, el gobernador Verano y representantes de la comunidad, la entidad nacional propuso que la Gobernación asumiera la operación y mantenimiento de un tramo de 12 kilómetros de vía, comprendido entre la Circunvalar de Barranquilla y la entrada a Puerto Colombia.
La propuesta fue aceptada de buena fe por el mandatario departamental, como un paso determinante hacia el desmonte definitivo de la caseta de cobro de Papiros, respondiendo al clamor ciudadano y a la necesidad de garantizar la movilidad sin cargas económicas injustificadas.
Durante dicha reunión, el entonces vicepresidente de la ANI, Juan José Oyuela, expresó textualmente:
“La voluntad está, empecemos a trabajar en esas mesas que tenemos que conformar para avanzar en la propuesta de la desafectación de la vía”
“Tendremos que hacer unas revisiones, conformar unas mesas jurídicas; nosotros nos encargamos y haremos todos los temas con el concesionario para plasmar todo en un convenio interadministrativo”
A partir de ese momento, la Gobernación del Atlántico adelantó toda la gestión administrativa, técnica y financiera necesaria para viabilizar el mantenimiento del tramo de la vía, contando incluso con el respaldo de la Asamblea Departamental, que aprobó un Acuerdo para garantizar las vigencias futuras que permitirían sostener dicha operación.
No obstante, pese a los avances y al compromiso demostrado por el departamento, la ANI no ha cumplido con los acuerdos alcanzados, y recientemente ha insistido en reanudar el cobro del peaje bajo una tarifa de $1.500, acompañada de la propuesta denominada “Alternativas técnicas y operativas Peaje Papiros”, contrariando lo pactado con la comunidad y el gobierno departamental .
Este incumplimiento vulnera los principios de confianza legítima y continuidad institucional, pues cada vez que se produce un cambio en la presidencia de la ANI o en el Ministerio de Transporte, los compromisos se truncan o desconocen, interrumpiendo el trabajo articulado y reactivando tensiones sociales en la zona.
La Gobernación del Atlántico reitera su disposición para continuar siendo mediadora entre la comunidad y el Gobierno Nacional, pero exige respeto por los acuerdos firmados, coherencia institucional y soluciones de fondo, sustentadas en estudios técnicos, financieros y legales que brinden tranquilidad y seguridad vial a los habitantes de Puerto Colombia y del Atlántico en general.
