Santa Marta celebra la aprobación del CONPES 4159, que garantiza una inversión de $786 mil millones para resolver el histórico problema del agua. Pero detrás de los anuncios triunfalistas del alcalde Carlos Pinedo Cuello, hay una verdad que el Gobierno Nacional no ha ocultado: la solución estructural no estará bajo el control del Distrito, sino del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios).
En otras palabras, Pinedo no manejará ni la ejecución ni los recursos del proyecto más ambicioso en la historia reciente de la ciudad.
El anuncio y la realidad detrás del discurso
El mandatario samario no perdió tiempo en capitalizar la noticia, presentando la aprobación del CONPES como un triunfo de su gestión. “Hoy Santa Marta amanece llena de esperanza. Desde el primer día nos propusimos dar solución a los problemas estructurales que por décadas han afectado a esta ciudad”, escribió en redes sociales, acompañado de fotos con su equipo de gobierno.
Sin embargo, documentos oficiales del DNP confirman que el proyecto será liderado y ejecutado directamente por la Nación, con la participación técnica de la Essmar, pero bajo la supervisión de la Superservicios —entidad que mantiene intervenida la empresa distrital desde 2021.
Esto significa que el Distrito no tendrá control operativo ni financiero sobre el proceso. La Alcaldía podrá asistir a mesas técnicas y aportar información, pero no manejará los contratos ni los recursos.
Un alivio que no pasa por la Alcaldía
El proyecto prevé la construcción de dos plantas de tratamiento —una en el sur y otra en Taganga— con capacidad conjunta para producir más de 600 litros de agua por segundo, beneficiando a unos 760 mil habitantes.
La inversión provendrá principalmente del Presupuesto General de la Nación de 2025 (alrededor del 70%), mientras que el 30% restante será aportado por el Distrito, aunque sin control directo de los desembolsos.
“El manejo de los recursos y la ejecución de las obras estarán a cargo de la Nación para garantizar transparencia y celeridad”, señaló una fuente del Ministerio de Vivienda a este medio.
En otras palabras, Santa Marta tendrá agua, pero no control sobre el agua.
El pulso político por la Essmar
La Essmar, intervenida desde el gobierno Duque, sigue siendo un punto neurálgico del poder local. Pinedo había prometido recuperar la empresa y “liberarla del yugo político”, pero el Gobierno Petro decidió mantener la intervención, dejando al alcalde sin injerencia directa sobre su administración.
El mensaje es claro: la Nación no confía en la gestión distrital para un proyecto de esta magnitud. Y aunque el discurso oficial habla de “coordinación institucional”, en los hechos, se trata de una recentralización del poder técnico y financiero.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que el DNP ya definió que la figura jurídica será una Alianza Público-Privada (APP), con estudios de prefactibilidad a noviembre de 2025 y diseños definitivos para abril de 2026.
Entre el discurso y la ejecución
El anuncio llega en un momento simbólico: Santa Marta acaba de cumplir 500 años, y la crisis del agua ha sido la herida abierta de su historia reciente. Las protestas de septiembre en la Calle 30, los rebosamientos de alcantarillado y la dependencia de carrotanques siguen siendo la cotidianidad.
Por eso, la ciudadanía recibió el anuncio con esperanza, pero también con escepticismo.
“Ya hemos visto muchos planes, muchos estudios, pero nunca llega el agua. No importa quién lo haga, pero que lo hagan bien”, dice José González, líder comunitario de Bastidas.
El crédito político, una guerra silenciosa
Mientras Pinedo busca mostrarse como artífice de la gestión, en los pasillos del DNP y Minvivienda se repite otra versión: la inclusión del proyecto en el CONPES fue un compromiso presidencial directo, no un logro de la Alcaldía.
Fuentes del alto gobierno aseguran que la conmemoración del Quinto Centenario fue el catalizador para que Petro priorizara el plan, en un intento por “responder a un reclamo histórico de la ciudadanía, no a una gestión individual”.
Acorde a lo que el Gobierno Nacional aprobó en el documento CONPES 4159, se beneficianrían 760 mil familias con la planta desalinizadora como una solución estructural al desabastecimiento de agua
El Gobierno Nacional aprobó el documento CONPES 4159, con el que se garantiza una inversión de $786.000 millones para implementar una solución estructural al problema histórico del agua en Santa Marta. El proyecto incluye la construcción de dos plantas desalinizadoras —una en el sur de la ciudad y otra en Taganga— que en conjunto producirán más de 600 litros por segundo, beneficiando a 760.000 habitantes del Distrito.
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el plan busca garantizar el abastecimiento de agua potable a largo plazo, reducir la dependencia de fuentes subterráneas y disminuir la vulnerabilidad ante sequías y emergencias climáticas. 
El CONPES 4159 establece un esquema de cofinanciación entre la Nación y el Distrito, con una participación mayoritaria del Gobierno Nacional. La ejecución técnica y presupuestal estará bajo la dirección del Ministerio de Vivienda y la Essmar, empresa de servicios públicos del Distrito, supervisada por la Superintendencia, lo que asegura control institucional y transparencia en la ejecución de los recursos.
La meta, según el documento, es iniciar las obras civiles en el segundo semestre de 2026, tras completar los estudios de factibilidad y licenciamiento ambiental. Se proyecta que las plantas estén plenamente operativas en 2029, garantizando cobertura total para la población urbana y turística de la capital del Magdalena.
El CONPES 4159 forma parte del Plan Nacional de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Básico 2024–2035, con el que el Gobierno busca cerrar brechas históricas en acceso al agua en regiones críticas como La Guajira, la Mojana y la Sierra Nevada.
Con esta decisión, Santa Marta da un paso definitivo hacia la modernización de su sistema hídrico y la superación de una de sus crisis más antiguas, al tiempo que se establece un modelo replicable para otras ciudades costeras con problemas de abastecimiento.
La pregunta de fondo es inevitable:
¿Es esta la victoria de un alcalde o el resultado de una presión ciudadana?
Por ahora, el agua será una promesa manejada desde Bogotá, y Pinedo, pese a los discursos de celebración, será un espectador más en el proceso que definirá el futuro hídrico de Santa Marta.
