La decisión, que se dio en respuesta a la impugnación presentada por el Ministerio de Educación, señala que esta cartera sí dio respuesta de manera oportuna, completa y de fondo al derecho de petición radicado por el ente territorial, por lo que no existía ninguna vulneración ni amenaza a derechos fundamentales.
La decisión de segunda instancia concluyó que la tutela carecía de objeto y que la actuación del Ministerio se ajustó a la ley.
Sobre el caso, hay que recordar que la Gobernación de Antioquia solicitó al Ministerio de Educación información sobre presuntos retrasos en el pago de cesantías a docentes por un valor cercano a 4.000 millones de pesos; aunque la cartera respondió dentro del plazo legal, el Departamento interpuso una tutela alegando que no se entregaron los documentos específicos requeridos.
Sobre este punto, la decisión indica que los documentos adicionales reclamados por la Gobernación correspondían a una solicitud distinta y posterior, también atendida por el ministerio dentro del término legal.
