Por Álvaro Cotes Córdoba
Propietarios de vastas plantaciones de palma y banano, los hermanos Dávila Abondano –Alfonso y Juan Carlos, en particular– han tejido una red de influencia que abarca desde los despachos de la Alcaldía de Santa Marta hasta los pasillos del Congreso. Pero este 2025, un año marcado por las tormentas electorales pasadas, trae vientos de adversidad para este emporio familiar.
Lejos de los aplausos por supuestos triunfos políticos, los Dávila enfrentan condenas judiciales, caducidades contractuales y multas millonarias que cuestionan el brillo de su legado. Recordemos el contexto:
En las elecciones de 2023, el Grupo Daabon apostó fuerte contra el movimiento Fuerza Ciudadana, esa fuerza progresista liderada por Carlos Caicedo que había dominado la política samaria durante 12 años. Tras la suspensión temporal de Rafael Martínez –el alcalde de Fuerza Ciudadana– en 2019, los Daabon respaldaron abiertamente a la derecha tradicional, aliándose con figuras del Centro Democrático y otros bloques conservadores para impulsar candidaturas como la de Franklin Lozano a la Gobernación y Carlos Pinedo a la Alcaldía de Santa Marta.
Su jugada, calculada en salones privados y financiada con el peso de su maquinaria económica, contribuyó a erosionar el dominio de Fuerza Ciudadana en la Alcaldía de Santa Marta. Patricia Caicedo, hermana de Carlos y candidata del movimiento, vio cómo el tablero se inclinaba en contra, culminando en una contienda reñida donde la derecha recuperó un terreno que no habían vuelto a ganar en 12 años.
Para los Dávila, fue una victoria pírrica: el regreso de aliados afines a la Alcaldía prometía favores y contratos, pero el precio de esa «ayuda» se revela ahora como un boomerang implacable. No obstante, a los dueños de Daabon no todo les ha salido bien después. Este año, la Corte Suprema de Justicia selló un capítulo amargo del escándalo Agro Ingreso Seguro (AIS), ese programa uribista de 2007 que prometía modernizar el campo pero terminó en un desfalco millonario.
Los hermanos Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano fueron confirmados en su condena a dos años de prisión por peculado por apropiación agravado en grado de tentativa. El fallo, emitido el 18 de julio de 2025, ratificó que los empresarios, entonces gerentes de la empresa CI Tequendama, fraguaron contratos ficticios para fraccionar la finca Tequendama en Aracataca (Magdalena) y presentarla como dos proyectos independientes: ‘Finca Tequendama – El Salado I’ y ‘Finca Tequendama – El Salado II’. Así, intentaron capturar subsidios por más de 400 millones de pesos destinados a pequeños productores campesinos.
La Corte enfatizó que solo la presión mediática –destacada por la revista Cambio– evitó el desembolso, pero el intento ya configuraba el delito. «Pusieron en peligro los recursos públicos», sentenció el alto tribunal, revocando las apelaciones de la defensa que alegaban inocencia y un preacuerdo mal avalado. Esta condena, que incluye inhabilidad indefinida para cargos públicos, no solo mancha el apellido Dávila, sino que revive fantasmas de corrupción en un grupo que se jacta de su rol en el desarrollo regional.
Pero los reveses no se limitan a la justicia penal. En el ámbito empresarial, el golpe más reciente llegó el 2 de octubre de 2025, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) declaró la caducidad del contrato de concesión No. 003 de 2015 otorgado a la Sociedad Portuaria Las Américas S.A. –donde Daabon es accionista mayoritario y fundador–. El proyecto, que prometía un muelle multipropósito en Punta Voladero para el cargue y descargue de graneles líquidos como aceite de palma, crudo e hidrocarburos, se quedó en papel mojado.
Diez años después de la adjudicación, ni una sola obra se inició: el plan de inversiones contemplaba un muelle en «T» de 187 metros conectado por viaducto, con capacidad para movilizar entre 450.000 y 550.000 toneladas anuales, pero el incumplimiento reiterado –falta de ejecución y operación– llevó a la ANI a imponer sanciones drásticas.
La empresa deberá pagar 13.485.257 dólares en perjuicios a la Nación y enfrenta una inhabilitación de cinco años para contratar con entidades públicas, conforme a la Ley 80 de 1993. «Cumpliendo los lineamientos del presidente Gustavo Petro en materia portuaria», justificó la ANI, subrayando que esta medida protege el interés general y no sanciona al Distrito de Santa Marta, sino al concesionario por su «grave incumplimiento». El fiasco portuario no es solo un revés económico; es un eco de conflictos sociales que Daabon ha ignorado durante años.
El muelle, ubicado a escasos dos kilómetros de la bahía de Taganga –ese corregimiento icónico entre el Parque Tayrona y el Dumbira–, generó desde 2005 protestas de pescadores y ambientalistas. La comunidad, dependiente de la pesca artesanal y el ecoturismo que sustenta a 4.000 familias, denunció que el proyecto alteraría rutas marítimas, contaminaría con derrames de aceite o soda cáustica y devastaría la hidrodinámica local, afectando la «plata» –el agua cristalina– de Taganga. Activistas alertaron sobre la falta de «licencia social» y estudios de impacto deficientes, que no medían con precisión la magnitud de daños a la economía pesquera y la salud comunitaria.
En 2019, amenazas de las «Águilas Negras» contra opositores –incluyendo veedurías y líderes indígenas– silenciaron voces, mientras Daabon realizaba 70 socializaciones que, según críticos, fueron meras formalidades. Hoy, con la caducidad, Taganga respira alivio: el muelle que amenazaba su bahía queda en el limbo, pero las deudas pendientes –como indemnizaciones a pescadores y proyectos de maricultura ordenados en multas previas de 387 millones de pesos por el Ministerio de Ambiente– siguen vigentes.
Estos golpes –la condena de los hermanos Dávila y la caducidad portuaria– pintan un 2025 de sombras para Daabon. El grupo, que alguna vez se alió con Caicedo en 2011 para su primera alcaldía, rompió puentes con Fuerza Ciudadana en pos de la derecha, solo para cosechar fracasos que erosionan su influencia. ¿Es karma electoral o mera contingencia?
Lo cierto es que en Santa Marta, donde el mar todo lo saca a la playa, los Dávila Abondano ahora navegan aguas turbulentas. La Nación, los pescadores de Taganga y la justicia reclaman cuentas. Y mientras el sol se pone sobre la bahía, queda la pregunta: ¿podrá este imperio palmero capear la tormenta, o será otro capítulo en la crónica de excesos caribeños?
