La Agencia Nacional de Infraestructura impuso una multa superior a los 13,4 millones de dólares y una inhabilitación de cinco años a la Sociedad Portuaria Las Américas S.A., tras incumplir con el desarrollo del proyecto adjudicado en 2015.
Por: Álvaro Cotes.
En un duro golpe a las concesiones de infraestructura en Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha anunciado la terminación anticipada del contrato de la Sociedad Portuaria Las Américas S.A. en Santa Marta, imponiendo una multa superior a los 13,4 millones de dólares por graves incumplimientos.
La decisión, que busca blindar los recursos públicos y promover el desarrollo real de los territorios, ha generado eco en redes sociales y entre expertos en logística, destacando la necesidad de mayor rigor en los proyectos estratégicos del país.El anuncio, revelado a través de un impactante post en Instagram por la cuenta de Valora Analitik –un medio especializado en economía y finanzas–, detalla cómo el proyecto adjudicado en 2015 para la construcción de una terminal especializada en graneles líquidos, como aceite de palma, crudo e hidrocarburos, nunca despegó.
«Las obras que nunca se iniciaron», resume el post, subrayando el fiasco de una inversión que prometía potenciar el comercio exterior en la costa Caribe, pero que se quedó en promesas vacías.Según el comunicado de la ANI, citado textualmente en la publicación, la caducidad del contrato no solo pone fin a la concesión, sino que activa una serie de sanciones drásticas. La Sociedad Portuaria Las Américas S.A. enfrenta una inhabilitación de cinco años para contratar con entidades públicas, conforme a la Ley 80 de 1993.
«Esta medida busca garantizar que las concesiones realmente transformen los territorios y beneficien a las comunidades», enfatiza el ente estatal, posicionando el caso como un precedente para futuras adjudicaciones.
Aunque el concesionario y su aseguradora han interpuesto un recurso de reposición –aún pendiente de resolución–, la ANI no da tregua. Fuentes cercanas al proceso indican que la multa, equivalente a más de 50 mil millones de pesos, busca compensar los perjuicios al Estado por el tiempo perdido y las oportunidades comerciales evaporadas. Analistas consultados por este medio coinciden en que este caso expone vulnerabilidades en el modelo de asociaciones público-privadas (APP), donde la supervisión inicial parece haber fallado estrepitosamente.
En Santa Marta, la noticia ha revuelto el avispero local. Líderes comunitarios y gremios portuarios celebran la medida como un «paso hacia la justicia», pero advierten que el vacío dejado por el proyecto podría demorar años en llenarse. «Es un recordatorio de que el dinero público no es para especular», comentó un representante de la Cámara de Comercio de la región en redes, alineándose con el tono firme del post viral.Mientras el recurso legal pende de un hilo, la ANI ya alista un nuevo proceso de licitación para reactivar la terminal. El episodio, convertido en trending topic bajo el lente de Valora Analitik, refuerza la urgencia de reformas que eviten más «fantasmas de concreto» en la infraestructura nacional. Colombia, con su apuesta por el comercio global, no puede permitirse más tropiezos en puertos clave como este. ¿Será este el catalizador para un control más estricto? El tiempo –y las próximas concesiones– lo dirán.
