La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tomó la decisión de caducar el contrato de concesión No. 003 de 2015, suscrito con la Sociedad Portuaria Las Américas S.A., luego de encontrar probados incumplimientos graves de sus obligaciones contractuales.
La ANI, en el 2015, le otorgó a esta Sociedad Portuaria la concesión portuaria para la ocupación en forma temporal y exclusiva de bienes marítimos de uso público, para la construcción y operación de una terminal dedicada al cargue y descargue de graneles líquidos.
Está concesión propuso, como su plan de inversiones, la construcción de un muelle en “T” de 187 metros de longitud conectado mediante un viaducto, la cual desde la fecha de suscripción del contrato a la fecha no se ha iniciado obra alguna.
“Encontramos un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales y una reiterada elusión en la ejecución del plan de inversiones, que nos avaló para iniciar en julio de 2024 esta actuación administrativa sancionatoria. Seguimos al pie de la letra los lineamientos del presidente Gustavo Petro de instar para que la infraestructura transforme los territorios y esté siempre al servicio de la comunidad”, indicó el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray.
Sobre esta situación, se pronunció Rafael Martínez a través de su cuenta de X.
Martínez precisó que «a este grupo económico de la ciudad le acaban de declarar la caducidad a una sospechosa concesión por graves incumplimientos en sus obligaciones contractuales. Concesión con la que debieron, desde el 2015, construir una terminal marítima para movilizar graneles líquidos como aceite de palma, crudo e hidrocarburos, obras que nunca se iniciaron».
Nada raro; a este grupo económico de la ciudad le acaban de declarar la caducidad a una sospechosa concesión por graves incumplimientos en sus obligaciones contractuales. Concesión con la que debieron, desde el 2015, construir una terminal marítima para movilizar graneles… pic.twitter.com/2WLBIE9EyS
— Rafael Martínez (@mrafael70) October 4, 2025
Precisó, además, que la decisión implica además no solo la terminación anticipada del contrato sino también una multa superior a los US$13,4 millones por los perjuicios ocasionados al Estado. «Lógicamente tampoco podrán volver a contratar con el Estado», indicó.
«Este mismo grupo empresarial tiene sanciones ambientales por tener cultivos en zonas de Parques Nacionales y detentan una marina que sometió a destrucción las playas de la bahía más linda de América», agregó.
«No es gratuito que este mismo grupo empresarial sea dueño de los avales del Centro Democrático en el Magdalena. No son empresarios de la política para servir a la comunidad sino para evitar sanciones y seguir abusando del Estado. Mismo grupo empresarial que operó como «el hombre de atrás» para bloquear los recursos del superávit que dejó sin hospitales y colegios, entre otros, a los magdalenenses», puntualizó.
