La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a la secretaria General de la Superintendencia de Servicio Púbico Domiciliario (SSPD), Marina Teresa Montes Álvarez, por la presunta falta de ejecución de los recursos asignados a la entidad para la vigencia 2021.
La Procuraduría Delegada de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública busca establecer si hubo una posible omisión de funciones, la cual pudo provocar la pérdida de más de $1.700 millones que se habían destinado para el presupuesto de funcionamiento e inversión.
Por los mismos hechos, el ente de control investigará a las directoras Financieras y Administrativa, Patricia Eugenia González Robles y Diana Marcela Niño Tapia, quienes habrían pasado por alto la situación y el hecho de que la afectación ocasionó perjuicios para la del año siguiente, evidenciaría falta de planeación y un suministro de información presupuestal inconsistente.
Con el desarrollo de esta etapa procesal, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si la implicadas actuaron o no al amparo de una causal de responsabilidad.
