En plena sequía, Coca-Cola extrae agua a precio de ganga.
Mientras los habitantes de La Calera hacen filas con baldes y esperan a los carrotanques en plena sequía, Coca-Cola sigue extrayendo agua de los manantiales de la zona pagando menos de lo que cuesta una multa de tránsito. La paradoja ya no es un secreto: un sistema diseñado para que el saqueo de lo público se disfrace de legalidad.
Agua barata para la multinacional, sed para la comunidad
Desde 1984, la embotelladora INDEGA S.A., filial de Coca-Cola, extrae 3,23 litros de agua por segundo de siete manantiales. Esa cantidad equivale a lo que consumirían cerca de 7.000 viviendas al año, pero en lugar de ir a los hogares, termina en botellas con etiqueta roja.
El precio que paga la multinacional es insultante: apenas 0,9 centavos de dólar por metro cúbico. En cifras claras: con lo que Coca-Cola gasta en una década por el agua, una familia de clase media apenas sobrevive pagando sus recibos en cinco años. Y mientras tanto, cada litro embotellado se revende a precios cientos de veces superiores.
MinAmbiente: “El agua es de todos, no de una empresa”
El ministro de Ambiente fue enfático: los manantiales de La Calera son patrimonio colectivo, no propiedad privada de ninguna compañía. Su declaración puso en el centro del debate la urgencia de revisar las concesiones de agua que, como la de Coca-Cola, perpetúan inequidades.
La CAR Cundinamarca, que debía decidir si renovaba la concesión vencida desde diciembre de 2024, lleva casi un año “estudiando” el caso. En ese limbo legal, la multinacional sigue extrayendo agua como si nada pasara.
Cemento en los manantiales
El escándalo creció en 2023, cuando la CAR documentó que la empresa había recubierto con cemento tres de los siete manantiales que explota. El argumento oficial fue que eran “estructuras de protección”. El efecto real: alteración del flujo natural del agua, pérdida de vegetación ribereña y daño a microecosistemas.
La congresista María del Mar Pizarro denunció públicamente el hecho, mientras organizaciones ambientales exigen sanciones inmediatas. La respuesta de las autoridades: abrir un proceso sancionatorio que avanza al ritmo de una tortuga.
¿Saqueo legalizado?
Lo que ocurre en La Calera no es un accidente ni un “error administrativo”: es el sistema funcionando como fue diseñado. Un marco legal que permite a las multinacionales acceder a recursos naturales a precios de risa, mientras las comunidades enfrentan la escasez.
El dilema es claro: ¿empleo o agua?. Cada vez que se cuestiona la concesión, surge el argumento de que la compañía es fuente de trabajo en la región. Y esa dependencia convierte la defensa del recurso en un acto “contra los trabajadores”.
La pregunta que incomoda
El pulso no se limita a La Calera. Se trata de un espejo de cómo en Colombia se entregan recursos vitales bajo contratos leoninos.
La pregunta no es si Coca-Cola seguirá extrayendo agua. La pregunta es: ¿cuándo decidirán las autoridades que el agua vale más que una gaseosa?
Porque mientras el Ministerio insiste en que los manantiales son de la comunidad, la CAR dilata su decisión, la multinacional mantiene las llaves del recurso y los habitantes siguen cargando baldes.
