El exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, enfrenta señalamientos de participación en el entramado de corrupción de la UNGRD y busca, a través de una tutela ante la Corte Suprema, dejar sin efecto la circular roja emitida por la Interpol.
La defensa de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia con la que pretende revocar la medida de aseguramiento que pesa en su contra y dejar sin efecto la circular roja emitida por la Interpol.
El exfuncionario está señalado de haber participado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que también figuran nombres de excongresistas y altos directivos. De acuerdo con la Fiscalía, González habría dado instrucciones a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, para direccionar millonarios contratos en favor de los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Los presuntos pagos a congresistas
Según la investigación, el direccionamiento contractual tuvo como propósito favorecer el trámite de las reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso. Se presume que Andrés Calle recibió cerca de mil millones de pesos, mientras que Iván Name habría obtenido tres mil millones de pesos.
En medio de estas revelaciones, un reconocido medio de comunicación nacional informó que González permanece en Nicaragua desde noviembre de 2024 y que, presuntamente, el Gobierno colombiano facilitó la renovación de su residencia en ese país.
La circular roja de Interpol
El pasado 16 de septiembre de 2025, la Interpol emitió oficialmente la circular roja contra el exdirector del Dapre, atendiendo la solicitud de la Fiscalía General de la Nación. El objetivo de esta medida es evitar su fuga y garantizar que comparezca ante la justicia colombiana.
No obstante, la defensa de González argumenta que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá “omitió por completo el análisis de los argumentos” expuestos, entre ellos, las supuestas inconsistencias en las declaraciones de Olmedo López y la improcedencia de imputarle el delito de peculado por apropiación.
La estrategia judicial de González
El exdirector del Dapre sostiene que nunca ha tenido intención de evadir la justicia y asegura que está dispuesto a comparecer, incluso desde suelo centroamericano. La decisión sobre la tutela podría conocerse en los próximos días, cuando la Corte Suprema de Justicia defina si procede o no revocar la medida de aseguramiento que lo mantiene bajo la lupa internacional.
Y.A.
