Siete años después de iniciarse la obra de modernización de la Calle 30, esta sigue inconclusa, mientras las empresas contratistas Valores y Contratos Valorcon S.A. e Inversiones Jacur y Compañía Ltda recibieron pagos que superan los $137.000 millones, sin cumplir con los compromisos pactados. El caso ha sido calificado como uno de los más graves ejemplos de corrupción estructural en la historia reciente de la ciudad, y deja en evidencia la falta de control sobre los recursos públicos.
Un contrato imposible desde el inicio
El 1 de junio de 2018, la Agencia Distrital de Infraestructura adjudicó el contrato ADI-0375/2018 a la Unión Temporal Avenida Boyacá por $91.060 millones, con el objetivo de construir o ampliar 6 kilómetros de la Calle 30, desde la carrera 46 hasta la vía Circunvalar, además de modernizar todo el alumbrado público del distrito.
Según expertos en ingeniería vial, la obra requería al menos año y medio para completarse, pero el contrato establecía un plazo de siete meses, lo que la hacía prácticamente imposible. A pesar de esto, el Comité Evaluador, la interventoría y la supervisión del contrato aprobaron el plan sin cuestionarlo, iniciando así lo que medios especializados llaman un “atraco perfecto”.
Pagos millonarios antes de ejecutar la obra
El 30 de agosto de 2018, apenas tres meses después de firmarse el contrato, el distrito giró $77.734 millones a los contratistas, equivalentes al 85% del valor total del contrato inicial. Ese mismo día se giraron otros $235 millones, sumando casi $78.000 millones sin que hubiera evidencia de avance significativo en la obra.
Posteriormente, en febrero de 2019, el distrito completó el 100% del pago del contrato inicial, aunque los contratistas no habían ejecutado ni la mitad de la obra. Entre 2023 y 2024 se aprobaron adiciones por $46.725 millones, elevando el gasto total a $137.785 millones, mientras tramos completos permanecen sin ejecutar.
Tramos fantasma y caos urbano
Los tramos más afectados son:
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De la carrera 35 a la 46, sin trabajos realizados.
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De la carrera 2B a la vía Circunvalar, también sin ejecución.
El tramo de la carrera 46 a la 38 actualmente está siendo reconstruido con otro contrato, financiado por el distrito, para cubrir la negligencia de los contratistas originales. Además, la alcaldía de Soledad intervino en un tramo, gastando $6.000 millones, dinero que pudo haberse invertido en mejorar otras vías de la ciudad.
Los responsables detrás del contrato
La Unión Temporal Avenida Boyacá está conformada por:
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Valores y Contratos Valorcon S.A., propiedad de Julio Gerlein (50% de participación).
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Inversiones Jacur y Compañía Ltda, propiedad de Faisal Jacobo Cure Orfale (50% de participación).
Ambos contratistas son reconocidos en la contratación pública de Barranquilla, pero operan con total impunidad. Valorcon tiene sanciones vigentes de la Superintendencia de Industria y Comercio por incumplimientos anteriores, mientras que Jacur presentó documentación irregular sin que esto afectara su adjudicación. La interventoría, Consorcio Circunvalar IDC, avaló pagos indebidos y prolongó los plazos sin justificación.
Impacto en la ciudad
El retraso en la obra ha tenido consecuencias directas para la ciudadanía:
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Comerciantes que cerraron sus negocios por el caos vial.
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Sardineles destruidos y tramos inseguros.
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Basureros a cielo abierto que afectan la movilidad y la salubridad.
Especialistas calculan que con los $137.000 millones malgastados se podrían haber construido:
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274 colegios ($500 millones cada uno).
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45 centros de salud ($3.000 millones cada uno).
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685 kilómetros de vías en barrios populares ($200 millones por kilómetro).
Impunidad y corrupción estructural
A diferencia del caso Samuel Moreno en Bogotá, en Barranquilla ningún responsable ha sido judicializado ni inhabilitado. Los contratistas siguen recibiendo contratos públicos, los interventores mantienen sus honorarios y los funcionarios involucrados continúan en sus cargos.
El caso evidencia cómo un sistema diseñado para transferir recursos públicos a bolsillos privados puede operar legalmente, amparado en tecnicismos, prórrogas, adiciones y la complicidad de quienes deberían fiscalizar.
La pregunta que queda
Mientras los barranquilleros sufren por la paralización de obras esenciales, el debate sobre rendición de cuentas sigue abierto: ¿Hasta cuándo se permitirá que los contratistas reciban pagos sin ejecutar las obras? ¿Hasta cuándo los funcionarios responsables seguirán en sus cargos sin sanción?
El caso de la Calle 30 es más que un contrato mal ejecutado: es un ejemplo de corrupción sistemática, donde los ciudadanos son los principales afectados.
