La Juez Sexta Penal Municipal con Control de Garantías de Barranquilla accedió a la solicitud de la defensa de Nicolás Petro Burgos, quien no contó con su abogado en la diligencia. El exdiputado enfrenta un nuevo proceso por presunta corrupción.
La Juez Sexta Penal Municipal con Control de Garantías de Barranquilla aplazó la audiencia de formulación de imputación contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La decisión se tomó debido a que su abogado, Pedro Alejandro Carranza, no pudo asistir a la diligencia, lo que, según la togada, vulneraba el derecho fundamental del procesado a contar con un defensor de confianza.
“El señor Nicolás Petro tiene derecho a tener un abogado de confianza y no puede ser suplido con un defensor público”, expresó la juez durante la sesión, en la que el exdiputado sí estuvo presente de manera virtual.
La audiencia estaba prevista para este 1 de octubre, sin embargo, el abogado defensor había solicitado desde el 8 de septiembre su aplazamiento, argumentando compromisos previos en otros despachos judiciales, incluyendo audiencias en Bogotá donde actúa como representante de víctimas, entre ellas el propio presidente Gustavo Francisco Petro Urrego.
Además de estas diligencias, Carranza informó sobre una cita médica programada el mismo día, así como su presencia en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, donde debía ampliar una denuncia en representación del jefe de Estado.
En una carta enviada al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, el abogado señaló que su inasistencia no era arbitraria, sino producto de compromisos inaplazables y justificados. “Estas circunstancias crean un riesgo real de indefensión”, sostuvo, citando los artículos 157 de la Ley 906 de 2004 y 29 de la Constitución, que garantizan el derecho al debido proceso y a la defensa técnica.
Por esa razón, solicitó formalmente que la audiencia fuera reprogramada para una fecha posterior al 8 de noviembre, petición que finalmente fue acogida por la juez.
La nueva imputación
El proceso que enfrenta el exdiputado corresponde a una nueva imputación por presuntos actos de corrupción. De acuerdo con la Fiscalía, se habría apropiado de millonarios recursos canalizados a través de una fundación, los cuales estaban destinados a programas de atención para adultos mayores y niños con discapacidad.
Este caso se suma al proceso ya abierto en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, relacionado con dinero de dudosa procedencia recibido para la campaña presidencial de su padre. Según la Fiscalía, esos recursos podrían tener origen ilegal, aunque el propio Nicolás ha asegurado que nunca ingresaron a la campaña, sino que se quedó con ellos de manera personal.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes también mantiene en curso una investigación sobre la posible financiación irregular de la campaña presidencial de 2022, lo que amplía el espectro judicial que rodea al hijo del mandatario.
Y.A.
