La imputación de cargos contra la exsecretaria de Desarrollo Económico del Atlántico revela un esquema de corrupción diseñado desde la Gobernación en 2014, que terminó afectando a 170 pescadores artesanales y exhibiendo el funcionamiento de una burocracia cómplice.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
La historia reciente del Atlántico vuelve a mostrar un libreto conocido: promesas incumplidas, contratos amañados y la utilización de la necesidad de los más pobres como oportunidad para el enriquecimiento ilícito. La imputación de cargos contra Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz, exsecretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico, no es un caso aislado; es la radiografía de un sistema diseñado para saquear bajo el disfraz de política pública.
Un contrato hecho a la medida de la trampa
En 2014, la Gobernación del Atlántico anunció con bombo y platillo la compra de 170 cascos de fibra de vidrio para pescadores artesanales. El proyecto parecía noble: dotar de herramientas a comunidades vulnerables que viven de lo que sacan del mar. Pero detrás de la licitación por $1.000 millones de pesos se escondía un cálculo perverso.
La primera licitación fue declarada desierta. Nadie se presentó. Una jugada conveniente. Dos meses después, bajo la figura de selección abreviada, se adjudicó el contrato a una fundación privada sin experiencia en construcción naval, sin astillero y sin capacidad financiera. ¿El monto? $980 millones por 200 cascos. Una reducción aparente en el costo unitario que no respondía a eficiencia, sino a ingeniería corrupta.
La propia consultoría previa había señalado precios más bajos de mercado. Pero cuando lo que se persigue es inflar valores y manipular papeles, la verdad técnica se convierte en un estorbo.
La burocracia al servicio del fraude
El esquema se ejecutó con precisión quirúrgica:
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Se alteraron los pliegos de condiciones para favorecer a un contratista incapaz.
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El comité evaluador, con Martín Rafael Atencio García a la cabeza, otorgó calificaciones indebidas.
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Se avalaron documentos falsos y se contrató un asesor externo por $17 millones para enseñarle al adjudicatario cómo cumplir el contrato que nunca debió ganar.
Lo grotesco vino con la ejecución. Al 24 de octubre de 2014, un día antes del plazo final, el contratista solo había entregado 32 cascos de los 200 prometidos. El incumplimiento era evidente. ¿Qué hizo la Gobernación? Suspendió el contrato, culpando a las lluvias caribeñas, como si el clima fuera un imprevisto extraordinario y no una condición normal. Sin sanciones, sin multas y con el plazo en pausa indefinida.
Dos meses más tarde, en diciembre, la historia se cerró de manera aún más escandalosa: se recibieron los cascos restantes como si nada hubiera pasado. El contrato fue ejecutado. El dinero, pagado. Los responsables, impunes.
Los cargos y las conexiones
La Fiscalía ahora acusa a Sarmiento de peculado por apropiación, falsedad ideológica, contratos sin requisitos legales, falsedad en documento privado y fraude procesal. También enfrenta investigación Atencio García, el funcionario que evaluó, recomendó y luego supervisó el mismo contrato que ayudó a adjudicar.
Pero el caso no se entiende sin las redes políticas. Sarmiento no era una funcionaria cualquiera. Había pasado por cargos de confianza en la Gobernación, fue cercana a los Char, fórmula política en aspiraciones al Congreso y hoy ostenta un cargo directivo en Fiduprevisora, la entidad que maneja la salud del magisterio.
Además, se le señala como ficha de Euclides Torres, empresario con historial de financiación política, mencionado en investigaciones sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. Aunque Sarmiento lo niega, sus propias redes sociales la vinculan con familiares cercanos al clan Torres. La negación parece más un formalismo que una distancia real.
Los pescadores, los grandes olvidados
Mientras la élite política jugaba a inflar cifras y manipular contratos, 170 pescadores artesanales del Atlántico seguían esperando sus herramientas de trabajo. Los cascos entregados por la fundación no solo llegaron tarde, sino que carecían de estándares de calidad y provenían de un proveedor sin experiencia.
Los recursos desviados —$980 millones de pesos— hubieran alcanzado para:
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Comprar 280 cascos al precio real de mercado.
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Financiar programas de capacitación.
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Mejorar la infraestructura portuaria de las comunidades.
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Crear un fondo de emergencia para épocas de veda.
Pero terminaron convertidos en capital político, favores burocráticos y botín de un esquema de corrupción.
La corrupción como manual operativo
Este caso no es una anomalía. Es el manual operativo de la corrupción estructural en Colombia.
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Blindaje político: los funcionarios ascienden gracias a padrinos poderosos que luego cobran con contratos.
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Burocracia cómplice: los pliegos se manipulan, los evaluadores califican sin rigor y los supervisores se hacen los ciegos.
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Impunidad selectiva: los procesos tardan una década en moverse. Para cuando llegan las imputaciones, los implicados ya han escalado a nuevos cargos.
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Miedo social como control: la normalización del “todos roban” y la lentitud judicial alimentan la resignación ciudadana.
Una década después, el precio de la indiferencia
Han pasado diez años desde que se firmó aquel contrato. En ese tiempo, Sarmiento escaló posiciones en la administración pública y privada. Atencio siguió vinculado al sector público. La justicia apenas comienza a actuar.
Los pescadores, en cambio, jamás tuvieron voz en este proceso. Sus vidas siguieron entre mareas, con la precariedad de siempre. El caso de los cascos demuestra que la corrupción no es un delito de cuello blanco inofensivo: es una forma de violencia contra los más pobres.
La sociedad que vanagloria al corrupto
La imputación contra Sarmiento no debería celebrarse como una victoria de la justicia. Es, en realidad, la constatación de que Colombia sigue reaccionando tarde y de que el costo lo pagan quienes menos tienen.
Cada peso desviado es una oportunidad perdida. Cada silencio cómplice es una condena para quienes esperan soluciones reales. El fraude de los cascos no es un expediente más: es el espejo en el que deberíamos mirarnos para decidir si seguimos rindiéndonos o exigimos que el mar de la corrupción deje de tragarse el futuro de las comunidades más vulnerables.
Y.A.
