Sin anuncios oficiales ni cámaras de prensa, el Gobierno Nacional y el grupo armado conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anteriormente identificado como Clan del Golfo, han sostenido conversaciones discretas que podrían marcar el inicio de un proceso de paz inédito.
Las negociaciones, que vienen gestándose desde finales de 2022, se trasladaron recientemente a Catar, elegido como territorio neutral para avanzar en un diálogo confidencial, alejado de las tensiones y riesgos internos. Según fuentes cercanas a la mesa, esta decisión respondió a motivos de seguridad, pero también a la necesidad de dar seriedad y garantías al proceso.
Detrás de este esfuerzo se encuentra el abogado antioqueño Ricardo Giraldo, quien representa legalmente al EGC y ha fungido como uno de los principales articuladores del acercamiento con el Gobierno. Giraldo asegura que durante los primeros meses los contactos fueron “exploratorios y poco consistentes”, pero que en 2025 comenzaron a consolidarse mediante un canal directo con delegados oficiales.
“El proceso dejó de ser informal cuando se entendió que también este grupo debía ser escuchado dentro de la política de paz total. No se puede hablar de transformación territorial si se excluye a actores clave en las regiones”, explicó el jurista.
Los ejes de las conversaciones han girado en torno a tres pilares: la reducción del conflicto armado, la protección de la población civil y el respeto al derecho internacional humanitario. También se ha hecho énfasis en las condiciones jurídicas y de seguridad personal para los miembros del grupo armado y sus familias, especialmente ante lo que califican como persecuciones y montajes judiciales contra personas ajenas al conflicto.
Aunque los avances son preliminares y no existe una hoja de ruta pública, los voceros del proceso coinciden en que se busca algo más que una negociación política. La apuesta, según Giraldo, es una restauración integral de los territorios, donde la presencia institucional sea real y no simbólica.
“La paz no es una mesa de diálogo, es un proyecto de país. Si no llega el Estado a donde reina la economía ilegal, nunca habrá garantías para la no repetición”, añadió.
Hasta ahora, el proceso ha operado al margen del radar mediático y sin anuncios desde la Casa de Nariño. La expectativa crece sobre si el Gobierno reconocerá públicamente esta nueva fase de negociación y cómo encajará dentro de su agenda de paz total, que ya enfrenta dificultades con otros actores armados.
