La JEP realizará este martes 30 de septiembre, en Bogotá, una audiencia dialógica transicional de construcción de verdad y rehabilitación de confianza.
El espacio busca esclarecer un posible incumplimiento al régimen de condicionalidad de seis comparecientes de la fuerza pública, quienes habrían omitido su deber de aportar verdad sobre graves violaciones cometidas contra comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los hechos investigados corresponden al secuestro, tortura y desaparición de los Mamos Arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, así como a la tortura de Amado Villafañe y Vicente Villafañe, ocurridos en 1990.
Estos crímenes, que afectaron a todos los pueblos de la Sierra, permanecieron más de tres décadas en la impunidad y han sido objeto de pronunciamientos de la ONU, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de la Verdad, que los incluyó en su informe final.
Cinco de los seis comparecientes citados hicieron parte del Batallón de Artillería No. 2 La Popa: coronel Luis Fernando Duque Izquierdo, coronel Rafael Mejía Roa, capitán Pedro Antonio Fernández Ocampo, mayor Hernán Carrera Sanabria y sargento viceprimero Cosme García Camacho. También fue convocado el coronel Luis Fernando Urrego Ávila, entonces oficial de la Brigada Móvil No. 1. La diligencia definirá si incurrieron en engaño o distorsión dolosa de la verdad, lo que podría derivar en su exclusión del Sistema Integral para la Paz.
