Por: Adriano Serpa Azocar
Señal Colombia emitió anoche, domingo 28 de septiembre, a las 10:00 p. m., el documental Impunity (2010), de Hollman Morris y Juan José Lozano, una obra que desnuda las fallas y paradojas del proceso de Justicia y Paz con los paramilitares. La propia red pública anunció la emisión en sus canales oficiales.
Un filme que incomoda (y que no llegó a salas)
Impunity sigue las audiencias de versión libre y el itinerario judicial de jefes de las AUC bajo la Ley 975 de 2005, mientras contrapone ese relato con las expectativas de verdad, justicia y reparación de las víctimas. La cinta tuvo recorrido internacional (Human Rights Watch Film Festival 2011; distribución por Icarus Films) y consolidó el nombre de sus directores en el circuito de cine de derechos humanos.
El periodista Hollman Morris ha sostenido que el documental fue vetado en salas comerciales en Colombia —una afirmación que él mismo reiteró en redes años atrás—, lo que explica por qué muchos espectadores lo conocieron primero en festivales, televisión pública y copias en línea. (La afirmación proviene del propio autor y no de un fallo o acto administrativo público).
¿Qué cuenta Impunity?
El eje es la Ley de Justicia y Paz (2005), que ofreció beneficios jurídicos a desmovilizados a cambio de verdad plena, reparación y no repetición. El documental muestra cómo, entre vacíos institucionales y estrategias de defensa, muchas verdades quedaron a medias, alimentando la sensación de impunidad.
Lo que dicen las cifras (contexto clave)
A 16 años de su creación, Justicia y Paz acumulaba 92 sentencias condenatorias, un rendimiento percibido como lento para la magnitud de los crímenes y del universo de postulados.
En los primeros 10 años, el proceso partió de 56.319 desmovilizados (31.472 colectivos y 24.847 individuales), de los cuales solo 5.003 llegaron a ser postulados a la Ley 975.
Parapolítica: el 35% que cambió la política para siempre
El filme también evoca la infiltración paramilitar en el Congreso —la llamada parapolítica—. Desde 2005, jefes de las AUC como Vicente Castaño y Salvatore Mancuso alardearon de tener cerca de un 35% de «amigos» en el Capitolio.
Estudios y reportajes posteriores estimaron que las redes clientelares paramilitares alcanzaron una representación de alrededor de un tercio del Congreso de la época.
Más allá del número —siempre debatible según la metodología—, el punto analítico es otro: la cooptación legislativa y regional fue real y dejó huellas en nombramientos, presupuestos y control territorial que aún condicionan el presente.
Análisis: por qué Impunity vuelve a interpelar en 2025
1. La discusión sobre «descertificación» de EE. UU.
El mensaje que circuló en redes al promover la emisión ligaba a «los mismos de entonces» con alianzas actuales en torno a la descertificación antinarcóticos de Colombia por parte del gobierno de Donald Trump.
Más allá de la retórica, la descertificación es un hecho que tensó la relación bilateral en septiembre de 2025 y ordenó el debate político interno en bloques que, en efecto, respaldaron o rechazaron la medida.
Hecho verificable: Washington descertificó a Colombia en 2025; distintas bancadas opositoras y sectores independientes exigieron «medidas más severas» al Gobierno y marcaron distancia de la Casa de Nariño, aunque otras voces alertaron sobre el costo de esa decisión para las comunidades.
Lectura: Impunity no habla de 2025, pero sí explica la genealogía del poder armado y político que aún influye sobre la economía cocalera, el control territorial y la seguridad. La película ayuda a entender por qué los atajos punitivos sin verdad plena tienden a reconfigurar, no a desactivar, esas redes.
2. Víctimas en el centro (otra vez)
El documental reivindica a las víctimas frente a la ingeniería jurídica. A la luz de hoy —con la JEP abriendo macrocasos y llamando a cadenas de mando—, el espejo de 2005 recuerda que sin verdad contrastada y sanción creíble, la impunidad muta.
3. Lecciones institucionales
La promesa de Justicia y Paz fue grande, pero la implementación fue lenta y desigual, y requirió reformas (Ley 1592 de 2012). El timing institucional —verdades que llegan tarde— agrava la desconfianza ciudadana.
Claves para el lector
Qué vio anoche:
Un testimonio audiovisual duro sobre el naufragio parcial de Justicia y Paz y su impacto en las víctimas.
Por qué importa hoy:
Porque las decisiones de 2025 (descertificación, giros en la política antidrogas y choques diplomáticos) se entienden mejor con la historia de las alianzas político-armadas que el filme documenta.
Dónde documentarse más:
-
Archivos de Icarus Films y festivales
-
Reseñas académicas y periodísticas que desmontan la arquitectura de la parapolítica
Dónde verlo / ficha técnica
Emisión: Señal Colombia, domingo 28 de septiembre, 10:00 p. m. (confirmado por canales oficiales)
Título: Impunity (2010)
Dirección: Juan José Lozano, Hollman Morris
Duración: 85 minutos
Selección oficial: Human Rights Watch Film Festival 2011 (Nueva York)
Nota sobre la fuente en redes
Parte de la invitación circuló desde la cuenta de X atribuida a Hollman Morris. RTVC informó que esa cuenta fue hackeada en marzo de 2025, por lo que se prefirió verificar la programación en los canales oficiales de Señal Colombia para este artículo.
Conclusión editorial
Impunity no es un documento «del pasado»: es un espejo incómodo del presente. Reaparece justo cuando Colombia reabre discusiones de fondo sobre verdad, política y narcotráfico.
Mirarlo hoy no es nostalgia:
Es un ejercicio de alfabetización cívica ante decisiones que, otra vez, se toman en nombre de la seguridad —pero sin cortar de raíz las alianzas político-criminales que el filme retrata.
