Gobernación queda por fuera de cita clave entre cabecillas de bandas y la inteligencia nacional

Mientras el país observa con expectativa las maniobras del Estado para desactivar redes criminales en el Caribe, en el Atlántico se levantan cejas por la falta de comunicación entre el Gobierno Nacional y la Gobernación sobre una reunión de alto nivel que involucra a dos de los capos más temidos de la región. Se trata del encuentro entre Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, cabecilla de Los Costeños, y Digno Palomino, líder de Los Pepes, con el Director Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus Montañez. Ambos jefes criminales fueron trasladados recientemente a la cárcel La Picota de Bogotá, donde tendría lugar la reunión.

Gobernación: «Nadie nos avisó»

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, fue enfático: “Hasta la fecha no hemos recibido ninguna comunicación, ni formal ni informal, sobre esta reunión”, declaró. Luque afirmó que el traslado de los cabecillas y los posibles acercamientos con Inteligencia solo los conocieron a través de los medios de comunicación. “No estamos invitados ni informados sobre la reunión que se va a realizar”, reiteró.

¿Qué se discute a espaldas del territorio?

Este hermetismo ha encendido las alarmas entre autoridades locales, especialmente teniendo en cuenta que la “tregua” entre Los Pepes y Los Costeños está a punto de expirar el próximo 30 de septiembre. Lo que ocurra en esa reunión podría tener consecuencias directas en la seguridad del Atlántico y municipios del Caribe, históricamente golpeados por la guerra entre estas estructuras. Ambos cabecillas estaban recluidos en cárceles de máxima seguridad: Palomino en La Dorada (Caldas) y ‘Castor’ en Cómbita (Boyacá), pero fueron trasladados a Bogotá el pasado sábado, en medio de una estrategia silenciosa que ahora pone en entredicho la articulación entre niveles del Estado.

¿Negociación? ¿Gestión de treguas? ¿Operación encubierta?

Aunque no se ha revelado el contenido del encuentro con el DNI, la movida despierta inquietud: ¿Es una operación oficial de diálogo con estructuras criminales?, ¿se busca renovar la tregua?, ¿hay inteligencia clave que justifica el traslado y la reunión? O, peor aún, ¿se están tomando decisiones sin coordinación con las autoridades que gestionan día a día el orden público en los territorios? Por ahora, lo cierto es que la Gobernación del Atlántico está al margen de los hechos, mientras se agota el tiempo para evitar una nueva ola de violencia entre los grupos que han sembrado terror en Barranquilla, Soledad y municipios aledaños.