Por: Jorge Vergara Carbó
El título del escrito hace mención al esfuerzo y dedicación de Eduardo Verano De La Rosa por la integración del Caribe colombiano, y de la descentralización administrativa y financiera que debe darse en el país. Su lucha por la “Autonomía Administrativa y Fiscal “empezó a darse como estudiante en Uninorte, y después como funcionario público.
Como constituyente, y acompañado de Carlos Rodado Noriega, lograron incluir en la constitución de 1991, la modificación en ese entonces “Situado Fiscal” de tal manera que progresivamente la Nación fuera cediendo de sus ingresos corrientes el 50%, de los mismos. Lo lograron, pero a medias, pues este sueño no alcanzó a llegar al 50% de los ICN, ya que, mediante dos actos legislativos, uno en el año 2001, en el gobierno de Andrés Pastrana y el otro en el 2007, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, le partieron el espinazo a la descentralización fiscal, bajo la premisa de que el país atravesaba por graves problemas por su alto déficit fiscal.
En esos actos legislativos cambiaron el nombre de “situado fiscal” por Sistema General de Participación (SGP), lo que significó un retroceso en la descentralización de recursos hacia las entidades territoriales, hasta el punto que hoy llegan al 27% de los ICN, porcentaje bastante alejado de lo logrado en la Constituyente.
Pero Eduardo Verano, como miembro de la Comisión Segunda logró con el apoyo de la bancada caribeña en la constituyente, que se aprobara la ley que permitiera a las regiones que así lo quisieran, convertirse primero en Regiones administrativas de Planeación (RAP) y a los cinco años, tuvieran la posibilidad de convertirse en Regiones Entidad Territorial (RET). Pasaron muchos años para que el Congreso aprobará la Ley de Ordenamiento Territorial (LOOT) que permitiera este tipo de organizaciones. Una vez permitida, parece mentira en el interior del país, se crearon las primeras RAP, siendo la primera la de Cundinamarca-Ibagué-Bogotá-Boyacá, liderada por Héctor Pineda Salazar.
La RAP Caribe, se creó el 25 de septiembre de 2011, hace exactamente 14 años, a pesar de ello, en el año 2017, se nombró a Eduardo Verano como su presidente, y su primer director o gerente fue posesionado en febrero de 2023, recayendo dicho nombramiento en Amílcar Acosta, y presidiendo el Consejo Regional, el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo. Actualmente el gerente es Jesús Pérez Benito-Revollo.
Es triste decirlo, pero la RAP Caribe fue una de las últimas en crearse, lo hicieron en el 2011, pero efectivamente medio empezó a funcionar en febrero de 2023, doce años después. A la fecha, no hay una sede asignada, como tampoco las gobernaciones aportan recursos para su funcionamiento por lo que en la práctica no ha funcionado. Y Justamente no ha funcionado debido a que, en la ley, no autorizaron recursos para este tipo de entidades. La RAP tenía que financiarse con recursos de los Departamentos, tal como funcionó el SIPUR que fue un buen intento de planeación del desarrollo Caribe, pero por no tener recursos suficientes termino liquidándose. Después vinieron los CORPES, siendo el del Caribe creado por la ley 76 de 1985, con sede en Santa Marta, que terminaron desapareciendo al vincular como directores a fichas políticas ligadas con el gobierno nacional, a pesar que contaba con recursos otorgados por la ley.
En ese camino largo, ha estado vinculado todo el tiempo Eduardo Verano, quién en ese trayecto se ha desempeñado como ministro del medio ambiente, tres veces gobernador, Ex director de Corelca, y gerente del Super Puerto de Barranquilla, entre otros cargos desde el inicio de su carrera. Hoy la RAP Caribe está viva gracias a Eduardo Verano, que la sigue financiando con recursos del Departamento del Atlántico. Pero hoy la situación es diferente, su trabajo con los demás gobernadores del país le sirvió de base, para convencer al gobierno de Gustavo Petro, ayudado por el barranquillero Armando Benedetti, hoy ministro del interior, para presentar un proyecto de ley, al igual que se hizo con los CORPES, para crear la RET Caribe, el sueño de Eduardo Verano.
Eduardo, en su sueño aspiraba a ser el primer gobernador del Caribe, o el presidente del Caribe elegido popularmente, y pensaba, así lo manifestó en varios de sus escritos, de contar con un parlamento caribeño, que diseñara sus propias leyes fiscales, monetarias y laborales para generar desarrollo económico y social en el Caribe. Esto expreso con relación al proyecto de ley “La aprobación de una nueva ley orgánica que dé vía libre a un referendo en el que se les pregunte a los ciudadanos de la región Caribe si quieren o no que su territorio se convierta en la primera región dotada de autonomía, es el gran paso para romper de una vez por todas con este paradigma. Tras la constitución de la Región como Ente Territorial (RET), como lo establece el artículo 307 de la Constitución, el siguiente paso será construir un Estado regional con todas las de la ley. Esto implica mucho más que la creación de puestos burocráticos: se trata de establecer un gobierno propio, con autoridades locales que entiendan y actúen sobre la problemática de la región. Tendremos infraestructura y conectividad pertinentes. Dejaremos de depender de las vías nacionales que solo unen a la capital con los puertos. Podremos construir carreteras regionales que conecten transversalmente a nuestros departamentos, como una carretera que conecte Sucre con Cesar por el sur de la región”.
LO QUE DICE EL PROYECTO DE LEY de RAP A RET
Una cosa, es soñar y otra vivir la realidad. Es lo que está pasando con el proyecto de ley presentado por el gobierno, el cual primero debe ser aprobado por el Congreso y segundo debe mediante un referendo en la Región Caribe, refrendarse con el voto popular.
El proyecto de ley presentado por el gobierno conjuntamente con los gobernadores, no contempla en su articulado, la creación del cargo de gobernador regional o de presidente regional. Crea la junta regional integrada por los gobernadores, la gerencia regional nombrado por los gobernadores, el Consejo Regional Administrativo y de Planificación y una secretaria técnica conformada por los secretarios de Planeación y de Hacienda, más unos asesores sin costo alguno.
Excluyen a San Andrés, sin ningún tipo de explicación, cuando la isla siempre ha hecho parte de la Región Caribe e incluso son más caribe que el resto de la costa. Fue excluida en el acuerdo No 001 de 2017, firmado por los gobernadores, acuerdo refrendado por una ordenanza donde autorizaban al gobernador a que integrará la RET.
La escogencia de la sede, la deben definir los gobernadores una vez sea aprobada la ley y ratificada por un referendo. Ese será un punto crítico, que no va a ser fácil ponerlos de acuerdo, al igual que en la escogencia de su gerente.
Entre sus funciones, se les olvido incluir en el proyecto de ley, la coordinación que debe existir entre el Plan Regional y el Plan Nacional de Desarrollo, se habla de la coordinación de los planes departamentales con el regional, pero no con el nacional.
Deberían fijar, unos requisitos básicos para el cargo de secretario de Planeación departamental o Distrital o Municipal, uno de ellos debería ser profesional en economía, arquitectura y tener especialización en desarrollo regional o en Planeación o en Administración pública. Contar con profesionales capaces, es lo que garantiza éxitos en el desempeño del cargo. Algo se hizo, cuando se crearon los CORPES y el Plan de Desarrollo del Caribe “Un Viaje hacia el Futuro”, algunos gobernadores nombraron por sugerencia del equipo técnico del plan, a profesionales graduados en desarrollo regional y urbano de Uniandes, sin tener en cuenta su afiliación política.
Para el cargo de gerente, debería contemplarse que sea escogido por una firma cazatalentos debidamente reconocida. Esto le daría garantía y cierta independencia al funcionario para desempeñar sus funciones, si verdaderamente se quieran hacer las cosas bien.
La ley debe ser más explícita, en la escogencia de los miembros del Comité Asesor, los gremios, como la academia, son muchos, por ello debe decir como escoger a cada uno de los representantes. No tiene sentido, que la RET se inmiscuya en funciones que son propias de las entidades territoriales especialmente en el cobro de plusvalía como el predial.
Finalmente, lo más importante y no se define, la financiación. Se dice que tendrá participación en los ICN, pero no se fija el porcentaje al que se aspira, igual sucede con los recursos del SGR, no se fija el porcentaje que le darían, y si este porcentaje es de los recursos de regalías de la Nación o compartido con los Departamentos productores de esas regalías.
Lo otro, no se contempla que los Departamentos de su presupuesto de ingresos destinen un 10%, para financiar la RET. No tiene sentido, que se pretenda obtener recursos solo de la Nación, sin que las gobernaciones no aporten un solo peso.
En síntesis, un proyecto de ley que hay que revisar y corregir en el Congreso para que salga con “dientes”, es decir con recursos. Si no se le asignan recursos suficientes para hacer lo que pretende o sueña Eduardo Verano, es un saludo a la bandera, como lo fue la creación de las RAP, que por no contar con recursos del PGN no funcionó en el Caribe.
Esperamos se debata este proyecto y se conecte con el proyecto de ley de competencias que debe presentar el gobierno, donde los recursos de los ICN pasarán del 27% al 39.5%, con un déficit fiscal del país, de este año por encima del 7.5% del PIB.
