Por Juana de Arco
En Colombia, el término “rosconograma” ha vuelto a tomar fuerza para describir esa red informal de premios políticos, en la que quienes impulsan una campaña luego reciben cuotas, contratos o altos cargos en el Estado.
Uno de los casos más visibles es el de Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Gustavo Petro y actual presidente de Ecopetrol, pese a estar bajo investigaciones del CNE, la Procuraduría y la Fiscalía por irregularidades en la financiación electoral, presunto enriquecimiento ilícito y favorecimientos en contratación.
Pero Roa no es un caso aislado. Su círculo cercano —incluyendo a su pareja Julián Caicedo y financiadores como Santiago Vargas— también ha recibido puestos y contratos dentro del Estado. Lo mismo ocurre con empresarios como Pedro Contecha, asesores catalanes cercanos a la familia Petro, amigos personales, y figuras que ocuparon roles clave en la campaña, como Laura Sarabia y Armando Benedetti.
Este rosconograma, visible en cada nivel del gobierno, parece ser la forma como el presidente Petro retribuye lealtades políticas, en contradicción con su promesa de meritocracia.
Mientras tanto, las investigaciones avanzan, pero el reparto de cuotas políticas sigue operando con normalidad, desde ministerios hasta empresas del Estado.
