Por: Adriano Serpa Azocar
La revista Cambio reveló este fin de semana un informe que pone bajo la lupa la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según la investigación, la estrategia de la campaña habría recurrido a maniobras contables y documentales para evadir los topes legales de gasto, trasladando costos de vuelos y servicios hacia la campaña al Senado del Pacto Histórico.
El informe se apoya en documentos de la Corte Suprema, registros internos de la campaña y facturas de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), contratada para transportar al entonces candidato Petro y su equipo durante la consulta interpartidista.
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Vuelos para Petro cargados al Senado
La investigación señala que en febrero de 2022 se firmaron contratos con SADI: uno por 1.215 millones de pesos a nombre de la campaña al Senado y otro vinculado directamente a la consulta de Petro. Sin embargo, la bitácora de vuelos demuestra que los pasajeros habituales eran Petro, su familia, su esquema de seguridad, la entonces asesora Laura Sarabia y el exembajador Armando Benedetti.
De los 27 vuelos registrados en esa etapa, 24 fueron posteriormente cargados a la campaña al Senado, y solo 3 quedaron oficialmente atribuidos a la campaña presidencial. Chats de WhatsApp revisados por Cambio muestran que los itinerarios eran gestionados por la agenda de Petro, lo que refuerza la hipótesis de un traslado irregular de gastos.
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Facturas cambiadas y ocultamiento
El material expuesto incluye facturas que fueron anuladas, modificadas o emitidas con conceptos alterados. La factura SA-4812, por 2.324 millones, fue reemplazada por otra que fraccionaba los servicios. En paralelo, una factura inicialmente expedida con la nota “servicios prestados para consulta interpartidista” fue corregida al día siguiente para decir “campaña Senado”.
Estos movimientos, según la investigación, tendrían como fin reducir artificialmente los costos reportados en la campaña presidencial, evitando sobrepasar los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Responsabilidades señaladas
Dos nombres resaltan en el informe:
Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Ecopetrol, firmó contratos y aparece vinculado a las decisiones sobre los vuelos.
Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, fue gerente de la campaña al Senado y figura como responsable de facturas modificadas para desviar costos.
Ambos ya enfrentan ponencias en el CNE que buscan sancionarlos, junto con los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
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Cifras que superan los topes
El CNE estima que la campaña de Petro habría superado los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos durante las dos vueltas presidenciales. La compulsa de copias a la Fiscalía abre la puerta a eventuales procesos penales por falsedad documental o fraude procesal.
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Cuestionamientos y repercusiones
Las revelaciones plantean serias dudas:
¿Fue esta una estrategia diseñada desde la cúpula para maquillar gastos o una decisión aislada de gerentes y contadores?
¿Por qué el CNE tardó más de dos años en detectar estas anomalías?
¿Hasta dónde llegará la investigación: a los niveles técnicos de campaña o al propio candidato?
Mientras tanto, el oficialismo insiste en que se trata de un “golpe blando” contra el presidente, y sus aliados políticos cuestionan la imparcialidad de los organismos de control. Sin embargo, el informe de Cambio refuerza la percepción de que las reglas de juego electoral fueron vulneradas en la contienda que llevó a Petro a la Casa de Nariño.
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Conclusión
El escándalo de los topes pone al gobierno en una encrucijada: afrontar investigaciones que podrían escalar hasta la Fiscalía y la Corte, o refugiarse en el discurso político del complot.
Lo cierto es que, más allá de la batalla jurídica, la confianza ciudadana en la transparencia electoral queda golpeada por un caso que, según el propio CNE, compromete la legalidad de la campaña presidencial del actual mandatario.
