En su Séptimo Informe de Seguimiento al Acuerdo de Paz, la Procuraduría advirtió que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay expuso la vulnerabilidad de los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la falta de un programa integral para proteger a la oposición.
La Procuraduría General de la Nación radicó ante el Congreso de la República el Séptimo Informe de Seguimiento al Acuerdo Final de Paz, en el que advirtió que la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, tras el atentado sufrido el 7 de junio de 2025, reveló las profundas debilidades en los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para los sectores de oposición.
Según el Ministerio Público, los mecanismos de protección presentan vacíos estructurales como consecuencia de la información fragmentada e incompleta que entregan tanto la UNP como la Fiscalía, lo que impide identificar con precisión los riesgos que enfrentan los líderes políticos. El documento señala que en los registros faltan variables clave como la afiliación política, la pertenencia étnica o el tipo de medidas adoptadas.
Además, la Procuraduría evidenció que, a pesar de la creación del Programa de Protección Integral (PPI) mediante el Decreto 638 de 2025, su aplicación es limitada por la ausencia de un Plan Estratégico de Seguridad y Protección que defina lineamientos claros, indicadores y mecanismos diferenciados.
“En todos los casos se constató una débil capacidad de seguimiento interno para registrar riesgos y exigir medidas de protección, lo que limita la anticipación institucional y mantiene espacios de vulnerabilidad para sus integrantes”, advirtió el Ministerio Público en el informe.
El caso más grave documentado fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay, que terminó costándole la vida dos meses después de ocurrido. “Este evento, de alto impacto político y simbólico, evidenció la fragilidad de los esquemas de protección incluso frente a líderes visibles en el escenario nacional”, puntualiza el informe.
Por este hecho, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por presuntas responsabilidades en las fallas del sistema de protección.
El balance presentado a pocos meses de cumplirse nueve años de la firma del Acuerdo de Paz refleja que la participación política de la oposición sigue enfrentando obstáculos serios para garantizar la seguridad de sus dirigentes.
Y.A.
